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El Gobierno de Luis Arce ha iniciado una persecución judicial sin precedentes con la detención de militares, la expresidenta Jeanine Áñez y algunos de sus exministros con el argumento de que fueron parte de un supuesto golpe de Estado en los meses de octubre y noviembre de 2019.

Si ya era un exceso verbal propio de las estrategias de posicionamiento político el reiterado discurso del “golpe” y el “Gobierno de facto” en referencia al Gobierno de transición, las acciones judiciales con detenciones arbitrarias superan cualquier calificativo y representan un atropello a la democracia, a las leyes, y principalmente a la verdad histórica de un hecho que el país y el mundo han presenciado cuando después de un fraude electoral se produjo una movilización popular que forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Después vino un procedimiento de sucesión constitucional avalado por la Asamblea Legislativa de entonces y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional.

Si el Gobierno está realmente seguro de la teoría del golpe, entonces tendría que detener a millones de ciudadanos bolivianos que entre octubre y noviembre paralizaron sus ciudades -21 días en el caso de Santa Cruz- y se apostaron en las calles hasta lograr que Morales renuncie en un mensaje emitido por el canal del Estado.

¿De qué se trata todo esto? ¿Tiene esta cacería política el objetivo de tender una cortina de humo ante la derrota del partido gobernante en nueve de las diez ciudades principales del país? ¿Es el segundo capítulo del denominado ‘Caso Terrorismo’ de 2009 que se utilizó para descabezar a la oposición y anular la voz de líderes políticos?

Los atropellos llegan en el momento más crítico que vive la economía del país, con un nivel de reservas prácticamente en el límite inferior extremo, con el cierre de empresas y la pérdida de empleos por efecto de la pandemia del Covid-19, y con la salud y la vida de los ciudadanos aún amenazadas por el virus.

Es decir, cuando el país tendría que hacer sus mayores esfuerzos por reactivar la economía y buscar en unidad un mismo norte para todos, aparecen de pronto estas persecuciones que vuelven a polarizar a la población, que desestabilizarán la frágil paz social y la economía del país.

En el caso de Áñez, su detención fue acompañada de un impresionante operativo militar en Trinidad, donde efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron el aeropuerto de la ciudad, cancelaron todos los vuelos de entrada y salida, bloquearon las rutas para que no entren ni salgan vehículos a la capital beniana.

El Ministerio de Gobierno la detuvo pasada la medianoche del viernes, la trasladó a La Paz como se traslada a un delincuente, publicó imágenes humillantes del lugar donde se encontraba, se nota que ni siquiera la dejaron vestirse adecuadamente, y guste o no -se puede diferir sobre el desempeño de su Gobierno y sus muchos errores- se trata de una ex presidenta constitucional del país.

Es una lástima que el Ministerio Público y el sistema de la justicia boliviana perdieran toda dignidad como poderes que tendrían que mantener su independencia, para ponerse al servicio de las acciones políticas del partido en función de Gobierno, que calculó milimétricamente los tiempos políticos del país, esperó que concluyan las elecciones a alcaldías y gobernaciones, y solo después asestó este golpe que no es solamente contra las personas afectadas, sino también contra la democracia, el Estado de derecho y las leyes.

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