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La segunda ola de la pandemia del coronavirus está mostrando su ferocidad en la estadística: tiene una mayor facilidad de contagios, acelera la llegada de los pacientes a la terapia intensiva y los pocos datos con que se cuentan hasta ahora anuncian una tasa de mortalidad superior a la que conocíamos hasta ahora.

Los médicos del país han alertado que el virus es ahora fulminante, y muchos de ellos han pedido a las autoridades que se ordene una cuarentena rígida para contener la rápida expansión y que se posterguen las elecciones del 7 de marzo, pero en respuesta, tanto el Gobierno nacional como los departamentales y locales parecen no haber tomado conciencia de la verdadera amenaza del Covid-19 en estas semanas.

También el Comité Cívico pro Santa Cruz ha demandado la postergación de las elecciones, pero antes el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en voz de su imperturbable presidente Salvador Romero, ha negado esa posibilidad.

Si los números indican con claridad una pandemia más dura en Bolivia, al igual que en varios países de Europa y el resto del mundo, y el Gobierno se resiste a adoptar medidas más adecuadas o a acompañar el pedido de suspensión de la elección, es que hay un cálculo político electoral.

Tanto el Gobierno nacional como la Gobernación y la Alcaldía cruceñas saben que lo peor está por venir con masivos contagios y muertes que podrían afectar sus expectativas de votación el 7 de marzo; por tanto, cuanto más antes se concluya el proceso electoral, menor será el impacto negativo hacia sus candidatos. Con esa lógica, están haciendo un manejo político irresponsable de un asunto delicado que tiene relación con la salud y finalmente la vida o la muerte de los ciudadanos.

En este sentido, son muy reveladoras las expresiones del ministro de Salud, Édgar Pozo, quien el sábado afirmó que una vez que se ha declarado oficial la segunda ola del Covid-19, las personas que sean diagnosticadas como positivas al virus serán remitidas a los centros de aislamiento de las diferentes ciudades y que ya no volverán a sus casas hasta que no representen un peligro para sus familias.

El anuncio del ministro bien podría interpretarse como una amenaza encubierta para en lo posible no exponerse a los sistemas públicos de salud o para atender en los domicilios los casos de contagio con el virus. Por lo visto, el Gobierno quiere a toda costa evitar el alto costo que podría tener el duro rebrote del coronavirus, como lo tuvo con el Gobierno de transición de Jeanine Áñez.

También es llamativa la pasividad del presidente del TSE, Salvador Romero, a quien parece no importarle mucho el destino de la salud de la población con tal de cumplir su propia misión de organizar las elecciones con o sin contagios, con o sin muertos. Tanta insensibilidad ante la crítica pandemia que golpea con fuerza al país pone en cuestionamiento su condición de alta autoridad del Estado.

Romero afirma, casi de memoria, como suele hacerlo, que el día de la elección se tomarán medidas de bioseguridad, pero ignora que el mayor problema no será el día de las urnas, sino en las campañas de proselitismo de poco menos de dos meses en que partidos y ciudadanos estarán movilizados incumpliendo la norma del distanciamiento social.

Es más, en las primeras reuniones políticas de estos días se ha observado que los militantes agolpados en concentraciones abiertas o coliseos cerrados prácticamente no utilizan barbijo. Esa es la lógica con que actúan y actuarán dirigentes y militantes de base, probablemente porque juzgan que es más importante la lucha por el poder que la lucha por la vida y la salud.

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