Opinión

Cara a cara

Pedro Rivero Jordán 31/5/2020 03:00

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Con el pulso acelerado y las emociones a flor de piel, Rafael P. y su esposa Giovanna C. se reencontraron tras una semana de ausencia, incertidumbre, angustias y dolor inmensurables. Fue el viernes por la tarde en las afueras del penal de Palmasola. En horas de la mañana, la jueza cautelar L. A. le había concedido, casi como haciéndole un favor, la libertad a aquella mujer desesperada. Para ella fueron siete días de calvario interminable después de que la misma juzgadora ordenara su ‘detención preventiva’, tras involucrarse en un accidente de tránsito. Aquel momento feliz del reencuentro ansiado, del despertar de una pesadilla horrenda, quedó registrado en la imagen del estrecho e interminable abrazo en que se fundió la pareja y que se hizo viral en las redes sociales, al igual que antes la noticia del drama que, insospechadamente, le tocó vivir a Giovanna y sobre el que puso foco una comunidad interesada e indignada por el caso. 

Odontóloga de profesión, Giovanna acudía, el día del accidente, al llamado de un paciente que necesitaba ser atendido. Fue cuando chocaron el vehículo que conducía y una ambulancia de un municipio vecino que circulaba fuera de su jurisdicción. Afortunadamente, el impacto solo causó lesiones leves al conductor de la ambulancia y a su acompañante, aunque fueron de cierta consideración las abolladuras de ambos motorizados. Pero lejos estaba de imaginar la doctora que, pasado el mal momento de la colisión, lo peor estaba por venir. Fue cuando tuvo que comparecer en audiencia ante quien, fungiendo de juzgadora torpe, abusiva e implacable, en vez de administrar justicia con probidad, rectitud y transparencia, dispuso enviarla a la cárcel porque, antojadiza e infundadamente, consideró la existencia de ‘riesgo de fuga’ y que los daños materiales de la ambulancia no serían cubiertos. 

Enviar con ‘detención preventiva’ como si tal cosa y a Palmasola, nada menos , a quien fortuitamente sufrió un accidente de tránsito como el que afectó a Giovanna C., constituye un inadmisible abuso de autoridad, un desconocimiento palmario de la normativa legal y que, por añadidura, entraña un acto de perverso ensañamiento que algún remordimiento le tendría provocar a su protagonista si tuviera una pizca de sensibilidad, un mínimo de respeto y consideración por sus semejantes como a la que mandó a la cárcel sin motivo alguno que lo justificara.
Ha quedado bajo serio cuestionamiento el desempeño ‘profesional’ de la nombrada juez cautelar, en cuyas manos la administración judicial plantea razonables dudas que deberían llamar la atención de instancias superiores como la Fiscalía del Distrito y el ministerio del ramo para enderezar lo que en ese ámbito está torcido. Como el accionar de L. A. que es reflejo fiel de la perennemente desacreditada y mal aplicada justicia boliviana.