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cara a cara

Pedro Rivero Jordán 7/10/2020 05:00

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_Cuando 1,3 millones de hectáreas ardieron y se redujeron a cenizas por incendios forestales incontenibles en diferentes partes de la geografía nacional, la ABT ha resuelto paralizar todas las quemas en el país y sancionar con procesos judiciales a los responsables de prender fuego al monte, sean estos pequeños, medianos, grandes empresarios o comunidades. Muerto el burro, tranca al corral. 

Es un viejo dicho popular que encaja con la medida adoptada cuando ya se ha consumado, una vez más, un daño grave y costoso al ecosistema.

_Un último informe oficial señala que de 57 incendios forestales , 47 se registran en Santa Cruz. La cantidad de hectáreas calcinadas se va aproximando gradualmente a la mitad de las que también fueron pasto de las llamas en la Chiquitania en 2019. 

Frente al desastre, estimulado por la falta de lluvias, la sequía y los fuertes vientos, no alcanzan las inquietudes, esfuerzos y lamentaciones de autoridades locales y nacionales.

Confesando su impotencia frente a la devastación, un ministro casi llega a las lágrimas ante la imposibilidad de apagar el fuego si no es desde el aire utilizando aviones cisternas o se produce el milagro de una lluvia. Una vez más se echa en falta la ausencia de una política de Estado para conjurar o aminorar el impacto que cada año causan las quemas al medioambiente. 

Una política que presupueste recursos económicos para implementar una fuerza de reacción rápida a la que no le falte lo esencial para cumplir su tarea eficazmente y ahorre quejas y lamentaciones extemporáneas.