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Cara a cara

Pedro Rivero Jordán 13/10/2021 05:00

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_Sin que sea de su competencia, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, ha dado el banderazo para que 40 estudiantes universitarios informáticos y tres ‘especialistas’ (¿quién les paga?) revisen ‘una a una’ las actas de las elecciones generales de 2019. Le sigue desvelando la idea de que no hubo fraude y que fue un proceso inmaculadamente limpio. Es una obviedad señalar que la ley de la Procuraduría no establece las facultades de juez electoral que pretende fungir Chávez ni es parte de sus atribuciones lo que está haciendo. Pero ‘le mete nomás’ desconociendo incluso que la Ley del Régimen Electoral establece que todo proceso electoral se rige bajo el principio de preclusión y, por tanto, la revisión impulsada oficiosamente no tendrá efecto legal alguno.

_Olvida el procurador que, 45 días después de su realización en octubre de 2019, la OEA divulgó su informe final sobre las elecciones generales en Bolivia. “Manipulación dolosa y parcialidad de la autoridad electoral que alteraron la voluntad expresada en las urnas”, fue su conclusión. El entonces gobierno de Evo Morales, lo había invitado para que someta a una auditoría vinculante el cómputo oficial de votos revisando ‘acta por acta’ para verificar la ‘transparencia’ del proceso. También se comprometió formalmente a respetar el resultado de esa auditoría. No lo hizo y, por el contrario, despotricó contra la OEA. Tales embustes y bufonadas han causado el descrédito del Estado por incumplir compromisos en el marco del sistema interamericano de naciones. Y vergüenza ajena a los bolivianos.



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