Cara a cara
El Gobierno dio marcha atrás respecto al carnet de vacunación obligatorio. Pospuso su exigencia hasta el 26 de enero ante la presión de grupos antivacunas, muchos de los cuales están en las organizaciones corporativas que militan en el MAS. Con el 55% de respaldo en las urnas hace un año, Luis Arce debería tener suficiente legitimidad para aplicar políticas de Estado y hacerlas cumplir; sobre todo cuando se trata de proteger el derecho constitucional a la salud. Sin embargo, el retroceso refleja debilidad política y esta es efecto de acciones y presiones de las bases sociales de su propio partido político. El problema es que todo se decide o se cambia en función de intereses sectarios, olvidando de esa manera a la ciudadanía que es la más afectada.
La debilidad demostrada por Arce se da en el peor momento. La autoridad del primer mandatario es puesta en duda por parte de Evo Morales y de dirigentes medios de las organizaciones sociales. Lo está presionando para cambiar ministros, algunos de los cuales no han sido genuflexos ante el jefe del MAS. El presidente tendría que mostrar ahora más que nunca que quien gobierna es él.
La ciudadanía está sufriendo en Santa Cruz. Largas filas por vacunación y por pruebas de antígeno nasal; colas también para acceder a bajas médicas; saturación en los hospitales y cientos de bajas médicas en el personal de salud que impiden brindar una adecuada atención en la pandemia. Mientras tanto, no hay coordinación y cada nivel de gobierno actúa por su lado. La política afecta tanto como el covid.
