Opinión

OPINIÓN

Cara a Cara

29 de junio de 2022, 4:00 AM
29 de junio de 2022, 4:00 AM

Ha pasado una semana del atroz asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip por despiadados gatilleros en el municipio de Porongo y en circunstancias aún no establecidas. Las investigaciones se enredaron desde el primer momento. Una enmarañada trama impide que se filtre la luz de la verdad. Ni siquiera el locuaz comandante nacional de la Policía aportó algo con sus términos rebuscados en múltiples apariciones ante cámaras, mientras que al ausente ministro de Gobierno, tras largo silencio, no se le ocurrió nada mejor que barrer a todo el personal de la Felcn en Santa Cruz por cuestiones de ‘rutina’. La movilización ciudadana parece ser la única y más eficaz respuesta ante la iniquidad y el embuste que se han entronizado en el país.

 Heber Sixto Canaza y Paulino Camacho eran los únicos detenidos por su participación en el secuestro, los vejámenes y torturas de 17 personas por encapuchados armados en Las Londras, provincia Guarayos, el 28 de octubre pasado. En menos de una semana, fueron liberados, pese a los procesos penales abiertos en su contra. Roberto Cruz Hurtado es el juez que les concedió arresto domiciliario sin escolta y la autorización de trabajar entre las 7 y las 19 horas. Las víctimas del hecho quedaron pasmadas. La ANP considera que la liberación de los secuestradores “deja una huella de impunidad, pone en duda el papel de la justicia y las intenciones de reformarla en un ambiente de absoluto descrédito”. Desde lejos se siente el hedor de la podredumbre del sistema judicial boliviano.

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