Cara a Cara
El estallido de la violencia era previsible. Los miles de cocaleros que caminaron más de un centenar de kilómetros desde los Yungas hasta la ciudad de La Paz, cumplieron su advertencia: Cerrarían con sus propias manos el llamado mercado paralelo de la hoja de coca en Villa El Carmen. Lo hicieron tras rebasar a las fuerzas policiales cuyo repliegue evitó, menos mal, un enfrentamiento de muy graves consecuencias.
En medio de petardos, dinamitazos y bombas molotov, la sede de los ‘ilegales’ fue presa del fuego junto a ‘taques’ de coca almacenados en el lugar. Se contabilizaron varios heridos y detenidos. Antes, -porque el conflicto se arrastra sin solución desde hace tiempo largo-, dos personas resultaron con las manos amputadas por la explosión de cachorros de dinamita usados a discreción en la protesta.
Una tensa y frágil calma se mantiene tras lo ocurrido el jueves. El Gobierno ha sido incapaz de resolver un problema del que es principal responsable por haber avalado a cocaleros ‘ilegales’ que le son afines, sin considerar que la Ley General de la Hoja de Coca solo reconoce los mercados de Adepcoca en La Paz y de Sacaba en Cochabamba. En vez de un mea culpa por el pecado original, un ministro de Estado les dice a los manifestantes que no están en condiciones de exigir nada y los manda…¡a misa! para expiar la falta cometida. Y de paso, le echa el fardo a la ‘derecha’, al Conade, a los cívicos cruceños y a la UJC. Remanida y alegre excusa oficialista buscando descargar sus males en otros.
