27 de mayo de 2023, 7:00 AM
27 de mayo de 2023, 7:00 AM

Denunciar corrupción es en Bolivia una apuesta muy arriesgada. Ya se vieron muchos casos. El más sobresaliente es el del gerente del Fondo Indígena, Marco Aramayo, que murió preso, mientras los que se beneficiaron con los millones de esa institución están libres y disfrutando de las mieles del poder. El caso más reciente es el del concejal Federico Morón, convertido hace años en la piedra en el zapato de los alcaldes de turno en Santa Cruz de la Sierra. Munido de su teléfono celular, develó irregularidades en la gestión de Angélica Sosa y ahora en la de Jhonny Fernández. Lo acusaron y hasta lo aprehendieron sin mucho argumento, tanto así que el juez desestimó una de las acusaciones de la Fiscalía.

El mayor interés de las autoridades debería ser que sus gestiones sean transparentes y que impere la honestidad, pero un patrón común es, primero negar los hechos, después dar discursos de intolerancia a la corrupción y, tercero, cambiar todo para que nada cambie. La ciudadanía ha tenido la capacidad de movilizarse y generar presión contra esas injusticias, aunque no siempre ha tenido resultados. Ya se ve cómo Aramayo vivió un infierno en varias cárceles y su vida acabó en prisión.

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