18 de diciembre de 2023, 4:00 AM
18 de diciembre de 2023, 4:00 AM

Aquellos que han sufrido injusticias a manos del sistema judicial boliviano anhelan que alguien los escuche y ponga fin al calvario que padecen. Familiares de los fallecidos en los disturbios de 2019, presos políticos y aquellos que sienten que sus derechos están siendo vulnerados por la (ausencia de) justicia, depositan su esperanza en que la visita a Bolivia del comisionado de la CIDH alivie sus penurias y acelere sus causas. Sin embargo, esta esperanza se ve disminuida por la tibieza de este organismo internacional y sus propios plazos.

 Frente a un sistema judicial que se desmorona, el comisionado se limita a afirmar que sus informes son “secuenciales en tiempo y en medidas”, lo que se traduce en la necesidad de esperar las calendas griegas para obtener pronunciamientos significativos. El informe que presentó el comisionado se centró en el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en relación con los incidentes de 2019: Solo se han cumplido 4 de las 36 recomendaciones, un resultado desalentador que suscita interrogantes sobre la seriedad con la que Bolivia aborda el trabajo de los organismos internacionales.

Cuando se le consultó al comisionado sobre si Jeanine Áñez debería enfrentar un juicio ordinario o de responsabilidades, su respuesta fue que ese era “un tema a ser resuelto por las autoridades competentes de Bolivia”. Se plantea la interrogante de si un organismo imparcial debería intervenir o interpelar cuando el sistema judicial falla o las autoridades competentes no son confiables. Afortunadamente, el informe advierte sobre el uso rutinario y excesivo de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía. Eso ya es un avance.

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