Cara a Cara
Un clima de susceptibilidad y desconfianza se percibe entre la ciudadanía, en vísperas del Censo de Población y Vivienda para obtener una radiografía actualizada de Bolivia, a más de una década de su última versión. De haber seguido una tendencia internacional que se mantiene desde 1950, la encuesta debió realizarse en el país en 2022. El Gobierno atribuyó, principalmente a la pandemia, la decisión de postergarla hasta 2024. Las tres anteriores fueron en 1992, 2001 y 2012.
El proceso previo siguió un camino tortuoso con protestas ciudadanas que, desde octubre de 2022, duraron 36 días en Santa Cruz. Fue una demanda solitaria por un censo ‘oportuno y transparente’ en 2023 aunque luego, por ‘razones técnicas’, se impuso la propuesta de 2024. Durante el paro, cuatro personas perdieron la vida y el poder central cargó esas muertes a cívicos cruceños. Por último, desajustes organizativos del INE, la falta de agentes censales, los recelos por algunas preguntas en la boleta censal y las restricciones que se pretendió aplicar a la prensa, enrarecieron el ambiente.
No obstante, este 23 de marzo, el ciudadano debe cumplir su deber y los promotores del Censo garantizar resultados fidedignos. Si como se teme este proceso clave para la definición de políticas públicas no es desvirtuado como en 2012, sabremos cuántos somos los bolivianos, cómo vivimos y de a cuánto nos toca, por regiones, en la redistribución de recursos económicos y escaños parlamentarios. Que al final del camino la buena fe de la gente no sea defraudada. Es cuanto cabe esperar.
