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5 de octubre de 2017, 4:00 AM
5 de octubre de 2017, 4:00 AM

El Banco Unión ha sufrido un millonario desfalco, según una investigación preliminar de la Fiscalía. Mientras una primera versión de la ASFI la estimó en Bs 490.000, el Ministerio Público la calculó en Bs 37 millones. Llama la atención la diferencia de los montos manejados por ambas instituciones. Si la Fiscalía está en lo cierto, uno no puede realmente imaginar qué pasó para que un ex-funcionario desvíe tanto dinero de forma ilegal sin que nadie se dé cuenta antes que lo transfiera a sus “negocios” o a los de terceros. En principio, el delincuente que lo hizo cuando trabajaba en la entidad de propiedad mayoritariamente estatal se aprovechó de su habilidad para vulnerar la seguridad informática. Asoban ha recomendado, a partir de este escándalo, que los bancos privados y el público refuercen sus controles internos, que es lo que debería ocurrir.

Un dirigente vecinal parece haber encontrado una excusa para exigir que la Alcaldía deje en suspenso la coerción que obliga a miles de ciudadanos a pagar sus deudas impositivas. Hasta ahora ha sido fructífero el recurso de la presión municipal para que los viejos deudores de siempre cumplan sus obligaciones tributarias. Ablandarse solo servirá para que los que no quieren pagar sus impuestos sigan eludiendo, como siempre, la obligación.

Muchas carpinterías pasan por un mal momento por las crecientes importaciones. Es necesario que el Estado las auxilie para evitar el aumento del desempleo por el cierre de varias de ellas. Sin embargo, también este sector debe poner de su parte para ser más productivo y competitivo en precio y en calidad. 

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