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7 de julio de 2017, 4:00 AM
7 de julio de 2017, 4:00 AM
El fiscal y dos jueces
que propiciaron la condena de 30 años de cárcel de un hombre inocente son los más cuestionados por el Gobierno, que pidió la suspensión de los tres funcionarios para investigar el grave error. Hay que pasar de las explicaciones y justificaciones a las acciones, de manera de evitar estas peligrosas fallas de los operadores de la justicia boliviana. Por eso es oportuna la exigencia del ministro Héctor Arce de que se indaguen y se establezcan responsabilidades en este penoso caso, aunque también se debería revisar situaciones parecidas de otros procesados o presos sobre los que pesan acusaciones que no han sido comprobadas.  


A propósito de graves
fallas judiciales, integrantes de la Red Boliviana contra el Infanticidio y Abuso Sexual Infantil protestaron en las últimas horas contra una jueza que autorizó el careo de una niña con su abusador, según manifestaron ayer en las redes sociales. Si la autoridad permitió lo que se denuncia ha incurrido en una transgresión al Código Niño, Niña y Adolescente, lo mismo que quienes difundieron el hecho sin considerar la necesaria protección de la menor abusada. El caso se debe investigar y de comprobarse, merece no solo el repudio general, sino una sanción a quien corresponda.  


Familiares de víctimas
y supervivientes de la tragedia de LaMia están angustiados porque no quedan presos por el caso y, sobre todo, no hay quién dé en este momento la cara por la malograda empresa que ofrecía vuelos chárter con un avión de propiedad de un extranjero. Algunos aseguran que el pago del seguro está en espera, lo mismo que la liquidación de beneficios laborales de empleados de la aerolínea. Alguien debería exigir la atención urgente de los afectados.  
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