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20 de abril de 2017, 4:00 AM
20 de abril de 2017, 4:00 AM

_Dos decisiones importantes se anunciaron en las últimas horas. La primera es la demanda del Gobierno ante la Fiscalía General contra 15 funcionarios de YPFB y el representante de la firma italiana Drillmec, por supuestas irregularidades en la compra de tres taladros. La segunda es la rescisión de contratos con la empresa española Corsán Corviam y la ejecución de boletas de garantía tras el abandono de una obra vial y la construcción de una hidroeléctrica. Corresponde que la justicia actúe y que el Gobierno asegure que se reparen los daños causados al Estado y otros colaterales por el mal accionar en estos sonados casos.  También se tienen que determinar responsabilidades por los controles y por no haberse detectado a tiempo los riesgos de una compra con fallas y la falta de solvencia de una empresa constructora.   

_La anunciada revolución de la justicia no debe contemplar medidas cosméticas, sino de fondo. Se ha anunciado la incorporación de académicos en la preselección de candidatos a magistrados, pero, al parecer, tendrían una actuación limitada a simples veedores, cuando se espera que los notables de las universidades puedan incidir de manera fundamental en un proceso que apueste a la meritocracia más que a los padrinazgos políticos o el cuoteo. La academia no se debería prestar a validar la preselección si detecta que persisten las intenciones de injerencia y de favoritismo político.

_De forma valiente, los periodistas chilenos se han solidarizado con sus colegas bolivianos que fueron hostigados en un aeropuerto y en una zona fronteriza de Chile. Más allá de los intereses de los gobiernos, los comunicadores defienden el principio de la libertad de prensa. 

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