El prolongado proceso electoral que llega a su desenlace final hoy domingo con el balotaje en cinco regiones del país, ha dejado una huella que trasciende lo político para instalarse en el deterioro visible del espacio público. En Santa Cruz de la Sierra, particularmente a lo largo del primer y segundo anillo, persiste una imagen reveladora de este problema con los postes de alumbrado donde ondean banderas partidarias que, lejos de representar participación democrática, evidencian desorden, descuido y una deplorable falta de respeto por el ornato urbano.
El uso de bienes públicos durante campañas electorales debería estar regulado por normas claras y, sobre todo, cumplidas. Resulta pertinente preguntarse si las organizaciones políticas solicitaron autorización alguna para instalar su propaganda o si actuaron al margen de cualquier control. En cualquiera de los casos, la permanencia de estos materiales tras la etapa proselitista revela una ausencia de fiscalización efectiva por las autoridades competentes.
No se trata únicamente de estética. El abuso sistemático de espacios públicos refleja una cultura de impunidad que erosiona la convivencia ciudadana. La ciudad no merece ser convertida en soporte de propaganda permanente ni en testigo pasivo del irrespeto institucional. Corresponde exigir que quienes ensuciaron, limpien; que quienes ocuparon, restituyan. Santa Cruz necesita autoridades que hagan cumplir la norma y ciudadanos que demanden orden y respeto por su ciudad. De lo contrario, el daño no será solo visual, sino también cívico.
(*) El autor es presidente del Consejo Editorial