La inédita depuración del mapa político marca un punto de inflexión en la actividad partidaria nacional. La aplicación estricta de la Ley 1096 dejará fuera de carrera a más del 70% de las 340 organizaciones que participaron en las subnacionales de marzo, al no alcanzar el umbral mínimo del 3% de votos válidos. El dato revela, por un lado, la fragmentación del sistema político y, por otro, la debilidad estructural de muchas agrupaciones creadas más como vehículos electorales coyunturales que como proyectos ideológicos o programáticos sostenibles.
Durante años, los llamados ‘taxipartidos’ proliferaron aprovechando vacíos institucionales y la desconfianza ciudadana hacia las organizaciones tradicionales. Muchos funcionaron como siglas de alquiler, plataformas personalistas o instrumentos para negociar cuotas de poder local. La exigencia de una representación mínima busca precisamente evitar esa dispersión y fortalecer organizaciones con arraigo social real, capacidad territorial y propuesta política consistente.
Sin embargo, reducir el número de partidos no garantiza automáticamente una mejor democracia. El riesgo es pasar de una fragmentación excesiva a una concentración que limite la pluralidad y cierre espacios para liderazgos emergentes o proyectos regionales legítimos. La depuración puede ser positiva si obliga a las fuerzas políticas a institucionalizarse y abandonar la lógica improvisada. Pero será insuficiente si los partidos sobrevivientes mantienen prácticas caudillistas, clientelares o alejadas de la ciudadanía. Bolivia necesita menos siglas, sí, pero sobre todo mejores partidos políticos.
(*) Pedro Rivero Jordán es presidente del Consejo editorial