La violencia contra periodistas volvió a mostrar su rostro más brutal en Bolivia. El periodista paceño Vladimir Rojas fue retenido y agredido con saña por grupos organizados durante el cerco a La Paz. Las imágenes estremecen no solo por la brutalidad, sino por la sensación de impunidad que las rodea. No fue un exceso aislado. Fue un ataque directo contra el derecho a informar. Solidaridad absoluta con el colega y una pregunta inevitable: ¿los responsables serán identificados y sancionados o todo quedará sepultado entre discursos y silencio?
El problema es que la violencia contra la prensa ya no proviene únicamente de grupos movilizados. Hace apenas unas semanas, la periodista de EL DEBER Erika Segales fue agredida por policías mientras cubría una protesta de mujeres en Plaza Murillo. Hubo comunicados y disculpas institucionales. Nada más. Ningún uniformado sancionado. Y ahí aparece una coincidencia peligrosa: tanto los violentos encapuchados como los malos policías parecen compartir la misma concesión, la impunidad.
En realidad, hay cosas que han cambiado muy poco. Ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de riesgo. Desde coberturas en marchas y bloqueos hasta el acceso a fuentes oficiales, muchas veces convertido en misión imposible. Se exige a la prensa informar con responsabilidad, pero se le niegan condiciones mínimas para trabajar con libertad y seguridad.
Conviene recordarlo: el libre ejercicio del periodismo es a la democracia como el aire a los pulmones. Y es obligación indelegable del Estado garantizar que ningún periodista sea perseguido o agredido por hacer su trabajo.