Los prolongados bloqueos y cortes de ruta en por lo menos seis de los nueve departamentos de Bolivia han vuelto a plantear una pregunta inevitable: ¿quién pagará la factura de los enormes y acaso irrecuperables daños económicos, sociales y humanos que provocan estas salvajes medidas de presión?
Mientras miles de ciudadanos han visto restringido su derecho constitucional al libre tránsito, perdieron jornadas de trabajo, enfrentaron desabastecimiento de productos básicos o vieron paralizadas sus actividades productivas, los promotores de los bloqueos actúan con una impunidad que parece haberse normalizado en la vida nacional.
Resulta difícil comprender cómo grupos organizados pueden abandonar prolongadamente sus hogares y fuentes de trabajo (si es que realmente trabajan) para dedicarse exclusivamente a interrumpir carreteras, perjudicando a millones de bolivianos que nada tienen que ver con las disputas políticas o sectoriales que motivan estas acciones.
La protesta es un derecho legítimo en democracia, pero no puede ejercerse vulnerando los derechos fundamentales de las mayorías. Por ello, la discusión sobre la penalización efectiva de los bloqueos de carreteras ya no puede seguir postergándose. El Estado tiene la obligación de garantizar tanto la libertad de expresión como la libre circulación de las personas. Poner fin a la impunidad de quienes paralizan el país y causan perjuicios masivos es una necesidad urgente para proteger la convivencia democrática, la seguridad jurídica y el bienestar de todos los bolivianos.