Las filas volvieron a los surtidores. En Santa Cruz y La Paz, cientos de conductores esperaron durante horas para cargar combustible. En Cochabamba, los puestos vacíos del mercado Campesino reflejaron las dificultades para abastecerse de frutas y otros productos. En los mercados paceños, las verduras continúan con precios elevados. Aunque los bloqueos comienzan a retroceder, sus efectos siguen presentes. La crisis ya no se mide por la cantidad de puntos de corte, sino por el daño que dejan detrás.
Durante semanas, el país observó una disputa política convertida en una prueba de resistencia. Gobierno y movilizados concentraron sus esfuerzos en ganar la batalla del relato mientras las consecuencias avanzaban sobre productores, comerciantes, transportistas y consumidores. El resultado está a la vista: escasez, encarecimiento y menor actividad económica. La confrontación volvió a demostrar que cuando Bolivia se bloquea, nadie gana.
Por eso resulta preocupante la advertencia del sector agropecuario. Sus dirigentes sostienen que el golpe provocado por los bloqueos es comparable e incluso superior al sufrido durante la pandemia. La afirmación revela la magnitud del daño sobre una actividad que sostiene buena parte de la producción nacional. La lección es evidente. Los bloqueos pueden generar presión política, pero terminan castigando a quienes producen, transportan, venden y consumen.
Cuando falta combustible y sube el precio de los alimentos, la disputa deja de ser política. Se convierte en una agresión contra la población.