No a la impunidad. Los enormes perjuicios ocasionados al país y las catorce vidas (o tal vez más) que se perdieron por causa de los bloqueos de rutas no pueden quedar en la impunidad. El apretón de manos que se dieron dirigentes de la Central Obrera Boliviana y personeros del Gobierno, tras la firma de un acuerdo que puso fin a los 50 días de conflicto, no debe ni puede significar borrón y cuenta nueva.
Los responsables de toda la convulsión que el país vivió en estas últimas semanas tienen nombre y apellido, y no solo se reducen a Mario Argollo, máximo dirigente de la COB; al senador suplente de la alianza Unidad Nilton Condori, o a Vicente Salazar, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", a quienes les importó un bledo que la población, especialmente de la sede de gobierno, padezca de hambre y sufra la falta de oxígeno medicinal y de medicamentos. Tampoco les importó que transportistas mueran de frío y hambre en las rutas; que enfermos no puedan llegar a los hospitales para recibir tratamiento y seguir con vida; menos aún les importó que este país, que desde hace varios años arrastra una profunda crisis económica, se hunda aún más.
La justicia tendrá que caerle al expresidente Evo Morales, quien movilizó a todos sus seguidores para bloquear diferentes puntos del país, en el intento por desestabilizar al gobierno. Este lunes, en rueda de prensa, el líder cocalero anunció un cuarto intermedio en las movilizaciones y dijo que él nunca pidió la renuncia de Rodrigo Paz. ¿Alguien le cree?