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Por María Eugenia Martínez

Las cárceles y todo lo que las rodea constituyen uno de los problemas jurídico sociales menos atendidos por el Estado, las escasas acciones ejercidas han sido un fracaso absoluto; la sobrepoblación, el hacinamiento y las condiciones infrahumanas de los recluidos, sumadas las violaciones a los derechos humanos de primera generación “…..” y el alto porcentaje de detenidos preventivos 85% sin sentencia, ha sido la constante en los últimos 30 años, los recintos penitenciarios solo generan cierta atención cuando en las portadas de periódicos aparecen noticias de hechos violentos, como los ocurridos el 2013 en la “ciudad prisión” Palmasola, la violenta muerte de Hardy Gómez en Chonchocoro, la violación de una ciudadana brasilera en la carceleta de Rurrenabaque, la explosión en Mocoví el 2019 y hace unos días el terrible asesinato en Chonchocoro de un recluso sentenciado que ya tenía mandamiento de libertad y no fue cumplido, estos casos solo suman a las estadísticas de muertos y/o violaciones generados en los centros penitenciarios.

Lo ocurrido recientemente con Cristopher Condori (+) nos remontan al año 1989 donde se destaparon hechos de “tortura, ejecuciones y asesinatos” en la ex Granja de Espejos; pasaron más de 32 años de aquel escándalo y hoy la historia se repite con el “bus de la tortura”. ¿Cuántas personas habrán pasado por ese sistema de castigo que se impone al privado de libertad? sin mencionar los célebres “botes” dónde van a parar todos los nuevos, no importa si cometiste una violación, asesinato, no pagaste a tiempo la asistencia familiar o beneficios sociales; entras y vas a parar al “bote”, una celda de 4x3 en la que meten más de 40 “seres humanos” con el único fin que “abotonen” y ¡funciona a la perfección!, nadie puede aguantar estar de pie y peor estilo “sardina”, el olor es nauseabundo, no existen ventanas para que entre el aire “a propósito”, si te falta el aire te desesperas, lo mismo sienten los familiares que ven las condiciones en las que estás, entonces ahí empieza el “negocio”, hay que hablar con el gobernador, alcaide, el capi, el sub de turno, el jilacata y finalmente con los internos antiguos, ellos aprietan hasta que “colaboren”, es una realidad pero es más fácil mirar a otro lado.

Las cárceles en la actualidad son y serán depósitos de seres humanos, donde unos llegan por haber delinquido y otros por los “errores” del sistema compuesto por policías, abogados, fiscales y jueces, pero la gran mayoría por la “pobreza económica”, no tienen dinero suficiente para encontrar a la señora “justicia”, el sistema no se mueve sin “aceite” y lo más irónico es que para llegar a la cárcel también se necesita “plata”. 

Al interior de las cárceles se siente y vive una ausencia del Estado -aunque en Palmasola se ha ejercido cierto control- sin embargo, los cobros por selección de detenidos, alquileres, anticréticos y venta de dormitorios aún se mantienen, incluidos los cobros policiales en las diferentes puertas de ingresos de algunos penales.

Ante el fracaso de la política carcelaria, se debería empezar a cambiar o migrar la administración interna a manos civiles, el sistema penitenciario bien podría pasar bajo la administración de la Defensoría del Pueblo, puesto que en esencia el “ombudsman” es la única institución que tendría la prerrogativa constitucional de defender al ciudadano de las acciones del propio Estado -Art. 218 CPE- puesto que desde la percepción del ciudadano “jueces, fiscales y policías” son quienes más vulneran los derechos humanos y libertades de las personas, el sistema judicial no funciona y está en una crisis profunda desde hace muchos lustros, es necesario humanizar la aplicación de la justicia y el sistema penitenciario, habría que analizar seriamente modificar la ley y que la Dirección General de Régimen Penitenciario pase a depender funcional y administrativamente a la Defensoría del Pueblo, reservando la seguridad externa a la Policía Boliviana.

La realidad es dolorosa, el interno “culpable o inocente” no tiene ni siquiera garantizado el derecho a la “vida” a su integridad física, misma que habría sido vulnerada “presuntamente” por los propios encargados de la seguridad, poco y nada se ha hecho, es hora de proponer soluciones pero que no sean las mismas que se pretendió durante décadas: más cárceles, más policías, incrementar las penas a los delitos “los errores de siempre” como si el problema de las cárceles no tuvieran una salida.

No estaría demás advertir que, como está en este momento el sistema judicial “una herencia de la República que no termina de morir y el nuevo Estado Plurinacional que no termina de nacer” nos trae a la memoria las célebres frases cuando se inauguró Palmasola “…bienvenidos, a este lugar maldito dónde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza…”; “…si algún día robas, roba lo suficiente como para poder demostrar tu inocencia…” el privado de libertad, solo tiene afectado su derecho de “locomoción” todos los otros derechos están vigentes y deben ser protegidos por el Estado ¡hoy puedes estar libre, mañana no!

Abogada y exconstituyente 

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