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25 de marzo de 2017, 4:00 AM
25 de marzo de 2017, 4:00 AM

En 1983, la organización por los Derechos Humanos del Arzobispado de San Pablo (Clamor) me comisionó para seguir los rastros de la desaparición de Graciela Rutilo y de su hijita Carlita. Era un caso emblemático del Plan Cóndor y las ramificaciones alcanzan a Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.

La búsqueda fue dolorosa, aparecieron pistas falsas motivadas por los paramilitares apresados al inicio de la etapa democrática con el impulso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Desaparecidos por causas políticas y abogados como Juan del Granado.

Amparo Carvajal era el pilar de esa búsqueda y Fanny Delaine, la profesional, que había tomado los datos de la criatura cuando fue depositada en el Hogar Virgen de Fátima como una desconocida NN y luego arrancada para torturar sicológicamente a su madre, militante guevarista, y para entregarla a la Triple A argentina.

Más tarde, la niña Gina Ruffo recuperó su verdadera identidad, retornó a su familia materna representada por la infatigable abuela Matilde Artés y partió a España para evitar las acciones de quien la retuvo como hija propia –posible asesino de su madre–, el torturador argentino Eduardo Ruffo.

En 1999 Carlita vino a recorrer los momentos de horror de su infancia y se alojó en mi casa para estar protegida, pues gobernaba otra vez Banzer disfrazado de demócrata. Las agresiones fueron indirectas para evitar que se difunda su denuncia y pocos medios la entrevistaron, entre ellos una conmovedora charla con Carlos Mesa.

Muy joven, Carlita tuvo una hija, Gracielita, y luego dos hijos más, como señal de la maternidad que continúa bajo el dolor, pues nunca pudo desprenderse de su infancia desgarrada, reflejada en parte en el premiado filme Historia oficial. Junto a su abuela y luego casi siempre sola y dedicada a los derechos humanos, enfrentó muchas carencias materiales.

El Gobierno de la República de Bolivia aprobó indemnizar a las víctimas de las dictaduras. Ordenamos sus papeles con todos los testimonios que fueron entregados oportunamente al (Vice) Ministerio de Justicia. Sin embargo, 11 años después, el Estado Plurinacional negó a esas víctimas sus derechos, a pesar de las gestiones de Antonio Peredo. Hay dinero para museos inservibles o para viajar a Caracas a tomar el té, pero no para quienes sacrificaron su comodidad por darnos democracia.

Carlita murió hace unas semanas de cáncer, a sus 41 años. Así pagó Bolivia su orfandad. Que descanse en paz junto a Luis Espinal y a Óscar Romero, a quienes también recordamos esta semana 

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