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Sin que falten justificativos, las protestas por el mal estado de las carreteras en el país por la dudosa calidad de su construcción, su estado de deterioro o falta de mantenimiento, se han vuelto recurrentes. Entre estas vías con problemas están las del departamento de Santa Cruz y las que forman parte del corredor bioceánico. En los últimos días, dirigentes del transporte pesado y sus afiliados decidieron el corte de la ruta entre Santa Cruz y Cochabamba, en señal de protesta por las condiciones deficientes que observan en varios de sus tramos. La medida se prolongó por 48 horas perjudicando, como siempre suele ocurrir, el traslado de pasajeros y cargas de uno y otro lado. El conflicto fue superado cuando el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño y funcionarios de la ABC se hicieron presentes comprometiéndose a mejorar la transitabilidad de la ruta a la brevedad posible.

Como ya se ha vuelto habitual, el Gobierno de transición de Jeanine Áñez cargó con las culpas del problema que provocó el bloqueo. Según Montaño, durante la pasada gestión fue frenada la contratación de empresas para tareas de mantenimiento, aunque el ministro no entró en mayores detalles para sustentar su crítica y anunció la disponibilidad de Bs 3,7 millones para el reacondicionamiento de la carretera interdepartamental donde los trabajos empezarán a ejecutarse desde este miércoles. Dicha carretera, una de las que registra mayor flujo de tránsito en la red vial fundamental, tiene serios problemas no resueltos en definitiva desde hace mucho tiempo, particularmente en la zona de El Sillar, donde los frecuentes deslizamientos de tierra obstruyen la circulación de vehículos en ambos sentidos. También se registran dificultades en la ruta que conduce a los valles mesotérmicos, especialmente a la altura de Bermejo o en el tramo comprendido entre Mataral y Comarapa.

Frente a esos problemas que también se reportan en otras regiones del país, las respuestas de la ABC suelen tardar exasperando a quienes transitan por rutas en malas condiciones. Los transportistas que cumplen con el pago de sus obligaciones por concepto de peajes, elevan el grito al cielo -con justa razón- porque no ven el retorno de su abono económico en carreteras bien cuidadas y sin dificultades de transitabilidad. Según los reportes de la Administradora de Carreteras, en poco más de una década se han recaudado más de 5.000 millones de bolivianos por concepto de peajes, un monto significativo para que el mantenimiento de las rutas se cumpla periódicamente. Los mismos transportistas y productores critican, además, el mal funcionamiento de las balanzas para el pesaje de los camiones, puesto que el excesivo peso acelera el deterioro de la capa asfáltica. Es evidente que en los últimos años se han construido alrededor de 6.000 kilómetros de carreteras en el país. Es un hecho para resaltar, aunque la inversión en infraestructura caminera es una obligación que debe cumplir el Estado para facilitar el traslado de un punto a otro y sin contratiempos de sus ciudadanos y mejorar las condiciones para el flujo del turismo y de las exportaciones de Bolivia.

La construcción de carreteras con sello de calidad acompañada de un plan de mantenimiento constante que garantice el buen estado y la durabilidad de las mismas, es una premisa que debe cumplirse sin excusas.



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