El asesinato del capitán José Carlos Aldunate, el pasado 19 de febrero, marca un hito preocupante sobre la penetración de organizaciones criminales en el Estado Plurinacional de Bolivia y, particularmente, en el departamento de Santa Cruz.
Antes, el 5 septiembre de 1986, una banda de narcotraficantes asesinó al científico Noel Kempff Mercado en las serranías de Caparuch, en el Parque Nacional Huanchaca. Dos meses después, el 10 de noviembre del mismo año, fue asesinado el diputado Edmundo Salazar quien precisamente investigaba el denominado caso Huanchaca. Han transcurrido más de 38 años y ambos crímenes siguen impunes. Es más, María Elena Oroza, viuda de diputado Salazar, peregrinó años en búsqueda de justicia hasta que murió a consecuencia de un sospechoso accidente automovilístico.
El 27 de febrero de 2004, la fiscal Mónica Von Borries fue asesinada cuando explosionó una bomba colocada en su automóvil. Von Borries fue clave para lograr la condena del narcotraficante italiano Marco Marino Diodato. 27 días antes del atentado, el narco Diodato escapó de la clínica Bilbao donde estuvo internado gracias a los extraños favores que ocurren en la justicia boliviana. La fuga de Diodato y el asesinato de la fiscal Von Borries marcaron negativamente la gestión de Carlos Mesa en la materia de lucha contra el narcotráfico.
21 años después, con la muerte de José Carlos Aldunate vuelven a sonar las alarmas en una sociedad que exige un pronto esclarecimiento de los hechos. Es lo menos que se puede demandar al gobierno del presidente Luis Arce que ha tenido que soportar el paseo, fútbol y fuga del narcotraficante Sebastián Marset, los traslados de droga que fueron detectados en puertos de Bélgica o el uso de un avión de BOA para el tráfico de estupefacientes hasta España, entre otros escándalos.
Lamentablemente, las primeras señales son contradictorias y dejan más dudas que certezas. En primer lugar, surgieron cuestionamientos a la riqueza que ostentaba el desparecido capitán Aldunate: una casa de más de 300 mil dólares ubicada en una zona residencial de Santa Cruz. La familia del policía y el viceministro Jhonny Aguilera explicaron que el patrimonio proviene de una herencia familiar. Sin embargo, en la declaración jurada de bienes de Aldunate Meneses solo figuran activos por Bs 40.020. Por lo menos en ese aspecto habrá que señalar que el hombre de confianza del ministerio de Gobierno no fue transparente.
Aldunate conducía un vehículo que no era suyo. Estaba incautado como parte de un proceso penal. Debía estar bajo custodia de Dircabi y no en su garaje. Y al respecto, las aclaraciones fueron superficiales y esquivas.
El viceministro Aguilera identificó a dos supuestos sicarios basado en análisis antropométricos sobre la contextura física y los movimientos de los sospechosos. Afirmaciones que no dejan de ser superficiales porque para un juicio y sentencia se necesitan más pruebas que el análisis de un video. Se tendría que identificar inequívocamente a los autores materiales e intelectuales del hecho y los móviles del mismo.
También circuló la versión de que los asesinos huyeron de Santa Cruz en una avioneta que salió del aeropuerto El Trompillo, con un plan de vuelo irregular e identificaciones falsas. Sin embargo, esa versión fue desmentida. En un barrio cercano al lugar del hecho se encontró el vehículo que fue utilizado por los sicarios, en una casa alquilada, pero no se sabe quién era el inquilino y otros detalles significativos.
Por el momento, lo único claro es que una organización criminal asesinó a un policía que gozaba de ciertos privilegios y era muy cercano al viceministro de Régimen Interior. Por el momento, abundan las dudas y faltan explicaciones creíbles y certeras. Aunque suene repetitivo y casi ilusorio, este caso debería ser esclarecido, caiga quien caiga.