La investigación de una comisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para establecer el derecho propietario del mercado Mutualista colocó en evidencia supuestos malos manejos e indicios de irregularidades que involucran a altos funcionarios del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, concejales, jueces, fiscales, exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y personas particulares.
De confirmarse las denuncias que constan en el informe presentado este jueves (16 de abril) por la comisión de Transparencia del TSJ, estaríamos frente a una verdadera y bien conformada estructura corrupta que opera en diferentes niveles y escalas del Estado. Este hecho, ocurrido en la ciudad que cuenta con los mejores índices de desarrollo económico y de desarrollo humano de Bolivia, no se ajusta al patrón de funcionamiento de los conocidos consorcios de abogados y jueces descubiertos en los últimos años en el país, sino que es más parecido a una verdadera corporación de la corrupción con múltiples tentáculos en diferentes escalas.
La investigación realizada para determinar la autenticidad de los documentos del Mutualista provoca serias dudas sobre la fe del Estado. La comisión detectó la posible entrega irregular de planos municipales a personas particulares de los terrenos que, según valuadores privados, tiene un precio comercial que supera los 200 millones de dólares. Este elemento es clave para establecer el derecho propietario y se convirtió en centro de la discusión sobre el título.
En el informe leído por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, también se cuestionó la inconsistencia en la identidad del supuesto propietario. El SEGIP certificó que el nombre correcto es Nelson Miguel Crapuzzi Dirienzo, mientras que en otros documentos figura escrito de diferente manera. La comisión del TSJ advirtió que estas diferencias impiden validar procesos de herencia si no se corrigen previamente.
A los errores mencionados se suman las posibles fallas y delitos en actuaciones judiciales, incluyendo un amparo tramitado en un juzgado de Pailón, que se encuentra fuera de la jurisdicción de la capital cruceña donde radica el pleito, así como la falta de respaldo certificado en registros de Derechos Reales, situación que abre la posibilidad de reactivar procesos penales y derivar responsabilidades penales y administrativas ante el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.
Asimismo, dentro del ámbito judicial también se muestran presuntos indicios de prevaricato en una sentencia constitucional, instrumento al que se aferra la familia Crapuzzi y sus abogados para reclamar el derecho propietario de los casi 5.000 metros cuadrados del predio donde funciona el mercado Mutualista desde hace más de 40 años.
Los procedimientos erráticos mencionados en el informe de la comisión de Transparencia del TSJ, así como otros indicios de presuntas irregularidades, permiten tener una idea del “Estado cloaca” que insiste en mencionar el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira. También es un parámetro para dimensionar la desastrosa gestión del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien deberá responder por lo ocurrido con el mercado Mutualista.