Castigo que no soluciona el pleito
La sucesión constitucional evitó que de hecho un grupo de poder se haga cargo del Gobierno nacional, fue así que respetando la normativa, Jeanine Áñez, en calidad de senadora, fue investida como presidenta del Estado, ante la renuncia y ausencia casi masiva de los asambleístas nacionales del MAS. Una de las primeras ilegalidades contra Jeanine Áñez fue haberla sometido a proceso en el ámbito de la justicia ordinaria, sin respetar el control jurisdiccional de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, normado por la Ley 044.
Asimismo, a los militares quienes en el cumplimiento de sus funciones debieron ser sumariados en el ámbito de la justicia militar, como jurisdicción especializada. Actualmente son 21 militares encarcelados con 5 sentenciados a partir de 2 hasta 10 años de prisión, por el caso Golpe de Estado II “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes”.
Se debe tomar en cuenta que la presente sentencia condenatoria no resuelve el caso o el pleito, porque luego de ejecutoriar la sentencia pasarán al proceso denominado Golpe de Estado I, por los delitos de “terrorismo y conspiración”, recordando que el delito de sedición fue abolido por el TCP según recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Al respecto, el GIEI en su informe recomienda que no se apliquen en el ordenamiento jurídico las figuras de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes por ser ambiguos, no obstante el TCP solamente se acogió al delito de sedición porque comprometía la situación jurídica de Evo por lo siguiente: El segundo parágrafo del artículo 123 del Código Penal a la letra dice: “Los funcionarios públicos que no hubieran resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de 1 a 2 años” y obviamente que Evo Morales incurrió en este delito porque teniendo los medios suficientes para controlar la situación decidió escapar, para dejar que sus turbas obliguen al general Williams Kaliman a que se haga cargo del Gobierno para devolver a Evo Morales. Jeanine Áñez, al ser declarada culpable, se presume que la justicia admite los actos de la expresidenta “nulos de pleno derecho”, entre ellos la convocatoria a elecciones nacionales, lo cual deslegitima la gestión de Luis Arce.
En resumen, las consecuencias serán: 1. Demandas internacionales al Estado. 2. La pérdida de credibilidad y legitimidad del Gobierno de Luis Arce. 3. Rechazo al régimen del presidente Arce. 4. Profundización de la crisis política y social e ingobernabilidad, provocada en mayor proporción por Evo Morales y los dirigentes cocaleros, para la toma del poder, al poseer enormes fortunas para desestabilizar el país y desatar el conflicto.
Está claro que los operadores de la justicia no son subordinados de los gobernantes del MAS, sino aliados, cogobiernan porque ninguno puede perdurar sin el otro, se benefician, se enriquecen y comparten el poder y lo hacen miserablemente, acusando al inocente, persiguiendo al valiente y hollando el honor de las instituciones.
