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Cataluña vuelve a sacudir a España

Editorial El Deber 18/10/2019 03:00

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A poco más de tres semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, el polvorín catalán ha vuelto a estallar en la mesa española, esta vez, de forma violenta, a través de fuertes protestas y movilizaciones en las calles de Barcelona.

La furia de los catalanes surgió a partir del lunes pasado, cuando el Tribunal Supremo español resolvió condenar entre 9 y 13 años de cárcel a nueve dirigentes independentistas que participaron de la revuelta popular de septiembre y octubre de 2017, cuando produjo la frustrada secesión respecto del territorio español.

Cataluña, una región autónoma con amplias prerrogativas y competencias, viene levantando la bandera de la independencia desde 2010, cuando sus estatutos regionales reconocían la existencia de una “nación autónoma”, tras lo cual fueron anulados por el Tribunal Constitucional que solo reconoce una “única nación española”.

Como se sabe Cataluña es la región más próspera de España, representando el 19% del Producto Interno Bruto (PIB) del país ibérico. Las multitudinarias movilizaciones de los catalanes durante las celebraciones nacionalistas de las Diadas, cada 11 de septiembre, impulsaron esta legítima demanda, cuya resolución continúa abierta pese a la intervención estatal que neutralizó el pedido de independencia.

El referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017 expresó la voluntad de la mayoría de los catalanes que participaron de la consulta de avanzar hacia una independencia respecto de España. Incluso, la Asamblea Nacional amparó una secesión unilateral. Sin embargo, el Gobierno central intervino el territorio y destituyó a sus principales autoridades por considerar que intentaban romper el Estado de derecho y la Constitución española.

Los catalanes están divididos. La mayoría de las encuestas muestran que menos de la mitad de sus habitantes respaldan la demanda independentista, pero otros tantos reclaman más autonomía, pero dentro de la nación española.

Esta realidad permitió que las autoridades nacionales les doblen el brazo a los sectores más radicales, obliguen a su exilio forzado y se inicien procesos judiciales contra sus promotores. En ese contexto, el lunes 14 de octubre, el Tribunal Supremo condenó a los líderes independentistas catalanes, lo que disparó la furia en las calles de Barcelona.

Esta vez, grupos radicales a través de las redes sociales han convocado a movilizaciones y protestas contra el fallo judicial.

En el fondo, está la incapacidad de la clase política española para abrir un verdadero diálogo, posterior a la fracasada secesión, a fin de encauzar la demanda catalana a través de canales institucionales que permitan fortalecer la autonomía de la región que más recursos aporta al erario español.

La violencia nunca será buena consejera para resolver una demanda que, en el fondo, refleja la aspiración de un pueblo a su autodeterminación y a su autogobierno, en el marco del Estado de derecho.

El caso catalán es motivo de preocupación no solo para los españoles, sino también para Europa en su conjunto, donde hay otras regiones que tienen demandas similares, como el País Vasco, en España y Francia; Escocia, en el Reino Unido; Flandes, en Bélgica; Córcega, en Francia; y Lombardía y Véneto, en Italia.

Ojalá los partidos políticos nacionales y regionales españoles den los pasos necesarios para impulsar, a través del diálogo, una salida a la demanda catalana.