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6 de noviembre de 2022, 4:00 AM
6 de noviembre de 2022, 4:00 AM

Johnny Nogales*

El Gobierno ha convocado a otra reunión, esta vez en la ciudad de Trinidad, para tratar el álgido tema de la fecha en que se debe realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda. A este encuentro han sido invitadas 45 autoridades y cada uno de ellas acreditará a un técnico, para formar el grupo que, por tiempo y materia, trabajará para dilucidar la cuestión. 

Un somero análisis permite develar que la brillante envoltura con la que se presenta la convocatoria presidencial esconde un oscuro contenido. De inicio, toda negociación debe partir de la voluntad, de la buena fe y de la igualdad de condiciones entre las partes.
Esos requisitos no se cumplen en la cita de Trinidad. La inmensa mayoría de los invitados son militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), son sus aliados o ya se han parcializado (por presión o por conveniencia) a favor de la posición del Gobierno.

Resulta indudable que hay un desbalance de número, como hace poco ocurrió en la capital del valle, entre los que están subordinados a lo que dicta el poder político imperante y aquellos que tienen un enfoque contrario.
Con seguridad, los técnicos que debatirán el asunto en cuestión no harán más que defender a rajatabla la posición, ya previamente establecida, de sus respectivos mandantes. Y como son más los que están alineados al Gobierno, el desenlace es previsible.

Eso lleva a pensar que, más que un debate de ideas y planteamientos, se trata simplemente de una encerrona. Es como enfrentarse a quien tiene la ventaja de las cartas marcadas o entrar a disputar un partido de fútbol con un equipo que tiene el doble de jugadores y en el que, además, te obligan a competir con las piernas amarradas. El evidente desequilibrio hace que el resultado esté cantado; no hay dónde perderse. 

Una señal de que no hay intenciones sinceras de diálogo lo revela el hecho de que, mientras el primer mandatario pide “deponer cualquier medida de presión”, miembros de la policía escoltan celosamente la travesía de un numeroso grupo de campesinos de San Julián, un bastión masista. 

Estos señores no están en plan de hacer turismo por la ciudad, se dirigen a completar el cerco a Santa Cruz de la Sierra y a agredir a sus habitantes. Otra muestra: al haber sido dispersados sus adeptos, por acción de los vecinos, ahora la misma Policía se ha ocupado de bloquear la provisión de combustibles. Y en ambos casos, se supone que los uniformados cumplen órdenes superiores. Con una mano te saluda y con la otra te clava el puñal.
Los hechos no reflejan, entonces, que exista voluntad, buena fe ni igualdad de condiciones.

Varios ministros han dicho que el aspecto central de esta discusión es la distribución de dinero. Esa ha sido su estratagema para desviar la atención de los asuntos que delatan el fondo político de su interés por retrasar el acto censal.
Por tanto, es de esperar que el premio consuelo será la oferta de que en octubre del próximo año cada departamento recibirá recursos de acuerdo al porcentaje que determine el censo. 

Esperemos que nadie se deje engatusar y que recuerde que, si bien el tema económico es importante, es de mayor relevancia la determinación de una correcta representación parlamentaria, proporcional al número de habitantes, y, aún más, es imperativo asegurar la limpieza y veracidad del recuento de ciudadanos, pues éste tendrá determinantes efectos en el Padrón Electoral y en la nueva delimitación de circunscripciones. 

De nada serviría tener más plata o más diputados, si las próximas elecciones van a estar amañadas para torcer la voluntad popular, entronizar a un gobernante espurio e imponer una artificiosa mayoría política, que haga su capricho y acomode las leyes a su entera conveniencia.
Eso significaría nada menos que un golpe mortífero a la democracia y a la libertad.

No hay motivos para alentar grandes expectativas de lo que saldrá de semejante diálogo de sordos, pero es conveniente advertir que un nuevo menosprecio a las legítimas peticiones de la ciudadanía podrá derivar en estallidos sociales de consecuencias tan impredecibles como indeseables.
Lo que inicialmente se quiso caracterizar como una demanda regional, hoy ya se puede constatar nítidamente que es un clamor nacional. 

Así lo han expresado los dirigentes cívicos de todo el país, que han anunciado medidas radicales si hasta el domingo no se resuelve la realización del censo en 2023.
Aunque no son buenos los augurios, no queda otra cosa que desear fervientemente que se produzca un milagroso cambio y prime la reflexión serena, que permita sopesar los riesgos que la nación entera corre en estos momentos. La responsabilidad es de todos, pero en grado más alto es de aquellos que ostentan transitoriamente el poder y que en algún momento tendrán que rendir cuentas.

*Johnny Nogales V. es Abogado

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