8 de octubre de 2022, 7:00 AM
8 de octubre de 2022, 7:00 AM

Un clan mafioso secuestró a una persona en el Chapare el 30 de septiembre; tres días después se contactaron con la esposa de la víctima, le pidieron un rescate de $us 200.000 y al día siguiente se volvieron a comunicar con ella por videollamada para mostrarle al hombre de rodillas y cómo le cercenaban el dedo pulgar de la mano izquierda, sin hacer caso de sus desesperadas súplicas para que no lo sometieran a aquella tortura.

La víctima, de nombre Patricio Vásquez Ortiz (34) fue secuestrado en Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, por traficantes de droga mexicanos, brasileños y colombianos y trasladado a Santa Cruz. Aparentemente, los traficantes le dieron $us 200.000 para la compra de 100 kilogramos de cocaína, que al final Vásquez supuestamente no cumplió.

Este caso demostró una vez más que la actividad de las mafias vinculadas al narcotráfico es tan evidente y visible en nuestra sociedad, que ya ni siquiera cuidan las formas y que, por el contrario, prácticamente se muestran en espacios públicos y hasta en las audiencias cautelares.

En efecto, ocurrió que cuando la esposa del colombiano Rafael Mogollón Fernández, considerado cabecilla del secuestro, estaba en una audiencia cautelar ante el juez, dos integrantes del clan secuestrador se encontraban en esa misma sala informando de los hechos en forma simultánea a sus cómplices por celular.

Es más, la esposa de la víctima con el dedo cercenado, que también se encontraba en el lugar, incluso recibió una llamada durante la audiencia para que desista de la demanda, y le ofrecieron a cambio dejar libre a Patricio Vásquez Ortiz.

Antes de eso, otros tres integrantes de la banda intentaron secuestrar a la esposa de Vásquez cuando se acordó un encuentro supuestamente para entregar el dinero del rescate. En ese momento actuó la Policía y los detuvo.

Finalmente, el secuestrado apareció liberado nuevamente en Entre Ríos, pero ni siquiera ese parcial desenlace cerró el círculo de un extraño caso donde concluyen narcotráfico, organización mafiosa, criminalidad, secuestro, y muchas dudas que quedan flotando en el aire.

De lo que no queda ninguna duda es que particularmente la región de Santa Cruz se ha convertido en el centro de operaciones de mafias colombianas, mexicanas, brasileñas y bolivianas y que las noticias de secuestros, ajusticiamientos, ajustes de cuentas, cuerpos sobre los que se descargan decenas de impactos de bala y otros son ya cosa prácticamente regular y de casi todos los días.

Se han vuelto tan frecuentes esos hechos, que ya no parecen sorprenderle a nadie, y la sociedad, a fuerza de reiteración, parece estar acostumbrándose a que los crímenes y fenómenos asociados cobren carácter de ‘normalidad’ en la región.

A estas alturas habrá que preguntarse si las autoridades policiales y militares aún conservan el control del país o de si hay ‘territorios libres de la ley’ y agrupaciones vinculadas a la mafia que ejercen su propia ‘autoridad’ delictiva contra la que aparentemente poco se puede hacer.

Lo hemos venido advirtiendo: las mafias se están instalando cada vez más en Santa Cruz. Pues dicho y hecho; ya podemos quitar la condición de gerundio de los verbos para afirmar con pena y frustración: ya se instalaron.

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