17 de marzo de 2022, 4:00 AM
17 de marzo de 2022, 4:00 AM


El pasado 11 de marzo Gabriel Boric (35 años) asumió como presidente de Chile, lo cual marca un cambio generacional en el país vecino. También rompe con el paradigma de la economía social de mercado por más de 30 años.

Su programa de gobierno incluye el fin del sistema previsional por las bajas jubilaciones, reforma tributaria enfocada a los ricos y la minería, la vuelta de la banca del desarrollo, entre otras.

Este cambio se da en medio de la redacción de una Constitución Política, como un acuerdo para poner fin al “estallido social” de octubre de 2019.

Más allá de las pasiones que genera este cambio, es importante comprender su génesis. Y una de las interrogantes más comunes es por qué un país que ha estado con los mejores indicadores económicos y sociales pudo optar por una orientación distinta.

En mi opinión, la respuesta radica en tres aspectos: heterogeneidad, políticas técnicamente eficientes, pero socialmente indeseables, y una narrativa de desconfianza.
El primer punto es que, si bien Chile tiene un ingreso promedio anual que es tres veces el de Bolivia, no significa que “todos los chilenos” tengan ese ingreso. Para ponerlo en términos más sencillos y comparables, la mitad de la población adulta de Chile gana el equivalente a Bs 3 mil al mes, mientras que el 10% más rico percibe Bs 87 mil mensualmente.

De esta forma, el promedio mensual en el país vecino llega a ser Bs14.500 que esconde la disparidad mostrada. Los anteriores datos explican por qué más de la mitad de los votantes se inclinaron por la opción que les ofreció mayor bienestar.

El segundo tiene que ver con medidas económicamente correctas, pero políticamente incorrectas.
Un ejemplo es la aplicación de tarifas diferenciadas de transporte público. Un estudio de 1952 de William Vickrey (premio Nobel de economía en 1996) recomendó que el precio del transporte sea más alto en las horas de más congestión y viceversa. De esa forma, se podría reducir las presiones de congestión en las horas pico. En 1975 la idea se plasmó en Singapur y luego en otras capitales del mundo, incluyendo Santiago de Chile.

Este sistema es claramente eficiente, pero puede ser políticamente indeseable, tal como lo demostró el alza de $ 30, que fue uno de los detonantes de la crisis social.
Frente a la necesidad de subir las tarifas del metro santiaguino, el ministro de Economía de esa época dijo que el sistema diferenciado favorecía a los más pobres porque podían aprovechar tarifas más bajas muy de madrugada.

En una metrópolis de siete millones (Santa Cruz tiene tres) y con una superficie de 15 mil kilómetros cuadrados (6 mil en SCZ) esto implicó condiciones más desventajosas de transporte en términos de menos horas para la familia y el descanso para quienes vivían más lejos. Así se explica por qué cientos arrasaron las estaciones de metro el 18 de octubre de 2019.

El tercero apunta a falta de confianza societaria. Para comprenderlo se debe recordar que la economía conductual apunta a que 2 menos 1 no es igual a 1. En efecto, en experimentos se ha mostrado que, si se da, por ejemplo, una hamburguesa a una persona y a otra se le dan dos y le quitan una, esta última tiene menor satisfacción por más que ambas coman una hamburguesa.

Entonces, la distribución desigual mencionada y la narrativa de que los ricos lo eran a costa de los pobres generó descontento social. Esto fue alentado por desafortunadas prácticas de algunas empresas contra la libre competencia en medicamentos e incluso papel higiénico. Se generó una sensación de desigualdad aún más aguda que la observada según los datos.

En síntesis, adaptando un adagio popular, “un país no solo debe ser rico, sino parecerlo”. Es decir, que los beneficios de un país en el umbral de desarrollo tienen que ser percibidos por la mayoría, algo que desafortunadamente no sucedió en Chile.

El desafío Boric será como enfrentar estructuralmente estos tres problemas con resultados rápidos, puesto que las expectativas no son suficientes, sino una estrategia contundente.

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