La alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra enfrenta una de las crisis institucionales más graves de su historia reciente. La auditoría forense que acaba de salir a la luz no solo confirma sospechas de corrupción enquistadas durante la cuestionada gestión de Jhonny Fernández, sino que desnuda un modelo administrativo caracterizado por la improvisación, la ausencia de controles y una alarmante permisividad frente al manejo de los recursos públicos. El hallazgo de que numerosos funcionarios tenían acceso irrestricto al sistema de recaudaciones, con la posibilidad de modificar montos a discreción, constituye una señal inequívoca de la descomposición institucional
No se trata de un error técnico menor ni de un ‘vacío’ administrativo casual. Estamos ante un mecanismo que habría permitido el presunto desvío anual de entre 400 y 600 millones de bolivianos, una cifra escandalosa para una ciudad que arrastra enormes déficits en salud, drenaje, pavimentación, transporte y seguridad ciudadana. Mientras miles de vecinos padecían calles destruidas, hospitales colapsados y barrios abandonados, dentro del aparato municipal se habría montado una estructura donde el dinero público podía manipularse con una facilidad entre asombrosa e inadmisible.
La magnitud del daño obliga a reconocer una verdad incómoda porque la gestión de Fernández ha dejado una alcaldía profundamente debilitada, no solo financieramente, sino también moral e institucionalmente. Cuando centenares de funcionarios pueden ingresar sin controles a un sistema sensible de recaudaciones, el problema ya no es únicamente individual. Existe una responsabilidad política ineludible de quienes dirigieron el municipio durante estos cinco años y permitieron que la improvisación reemplazara a la transparencia y que la lealtad partidaria pesara más que la capacidad técnica.
Por eso, la denominada ‘cirugía mayor’ no puede quedarse en discursos ni en algunos cambios cosméticos. La situación exige una reestructuración profunda del gobierno y la administración municipal. Primero, corresponde impulsar procesos judiciales ejemplares contra todos los involucrados, sin distinción de cargos ni padrinazgos políticos. La ciudadanía está cansada de ver cómo los escándalos terminan diluyéndose en trámites interminables o pactos de impunidad. Si realmente se quiere recuperar la confianza pública, las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias.
También urge modernizar y blindar los sistemas tecnológicos de recaudación y control financiero. Resulta inadmisible que una institución del tamaño de la alcaldía cruceña, la más grande del país, operara con semejante fragilidad informática y administrativa. Los accesos deben estar plenamente segmentados, auditados y monitoreados en tiempo real, con mecanismos automáticos que detecten cualquier modificación irregular. La tecnología no elimina la corrupción por sí sola, pero reduce considerablemente los márgenes para delinquir.
Igualmente es indispensable una depuración seria del personal municipal. Durante años, la alcaldía se convirtió en una gigantesca agencia de favores políticos donde abundaron contrataciones sin mérito ni evaluación técnica. La revisión integral anunciada debe servir para profesionalizar la administración pública municipal y acabar con las redes internas que convirtieron al municipio en botín partidario.
Sin embargo, el desafío va más allá de castigar culpables. La crisis actual debe abrir paso a una nueva cultura institucional basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al ciudadano que paga impuestos. Porque cada boliviano presuntamente desviado representa obras no ejecutadas, servicios deficientes y oportunidades perdidas para el desarrollo de la capital cruceña.