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2 de marzo de 2017, 4:00 AM
2 de marzo de 2017, 4:00 AM

La aprobación de la ley general de la coca, a fin de legalizar cultivos excedentarios de la hoja milenaria, ha sido un acto de provocación que lastima la imagen del país y desnuda la esencia de un régimen reducido al lema que le dio origen y que hoy se vuelve en su contra: “¡Kausachun coca!” (¡viva la coca!). La ley atenta contra el ‘bien y sentido común’ de los bolivianos. 

Su debate debió involucrar a diversos sectores y no restringirse a los directamente interesados en su promulgación. De este modo, se ha vulnerado la ética política y parlamentaria al incurrir en faltas y conductas delictivas que, en países institucionalizados, se asocian inevitablemente a ‘conflicto de intereses’. En otras palabras, su aprobación final debió darse previa inhibición y declaratoria de impedimento por incompatibilidad de todos los congresistas que son, a la vez, productores de coca beneficiados por la ley. Incluso del presidente Evo Morales, quien, sin sonrojarse, preside las federaciones de productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba, cuyos cultivos son destinados un 93% al circuito de la economía ilegal coca-cocaína. 
 
Su aprobación se ha dado en medio de la falta de confiabilidad de los resultados del estudio sobre la demanda real y efectiva del mercado legal de la coca encomendado en su momento a la Unión Europea. El núcleo de poder del MAS incumple compromisos con una comunidad internacional timorata y confronta la opinión de la gran mayoría de los bolivianos conscientes de los daños colaterales que para la salud pública, el medioambiente, la pachamama, la producción agrícola y el tejido de la sociedad tiene la dinámica de la economía ilícita asociada a la producción excedentaria de coca. 
 
El tema es sensible. Veinte años después constatamos las limitaciones e incluso fracaso de la estrategia ‘coca por desarrollo alternativo’, del prohibicionismo y las políticas de interdicción del cultivo de la hoja destinada a la producción de cocaína. Se trata de una problemática que nos sume en la desesperanza y la impotencia frente al abuso de poder, la inoperancia de la ley y los mitos que la rodean. 

La realidad del trópico de Cochabamba es paradójica. La legalización de más de diez mil hectáreas incorpora al mercado toneladas de coca a regirse por la premisa más neoliberal de todas: “Dejar hacer, dejar pasar”. En el corazón del país, la norma del sindicato cocalero está por encima de la Constitución, ahí rige la ley del más fuerte y, a título de autorregulación, se elude la intervención del Estado. Razones sobran para comparar esta región con un agujero negro, vacío de Estado y cuya contribución positiva al denominado ‘proceso de cambio’ y a la democracia despierta más dudas que certezas 

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