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27 de agosto de 2018, 4:00 AM
27 de agosto de 2018, 4:00 AM

Se presentó el informe anual de Monitoreo de Cultivos de Coca 2017, realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc). El informe es extenso, unas 110 páginas, pero el dato al que más relevancia se dio fue al porcentaje de hoja de coca que no llega a los mercados autorizados. Y a partir de allí se ha ido construyendo una falacia central: la coca que no pasa por el mercado formal va al narcotráfico. Este reduccionismo limita el análisis que merece el fenómeno por su importancia.

Primero, la hoja de coca que se produce y que no se vende en un mercado autorizado, sí se puede calcular. El informe de la Unodc establece que el 90% de lo que se produce en el trópico cochabambino no llega al mercado autorizado de Sacaba (Cochabamba) ni el 9% de la producción de Yungas (La Paz) se vende en el mercado autorizado de Villa Fátima.

Segundo, no se puede hacer cálculos categóricos sobre el destino de la coca que no llega a los mercados autorizados. Hasta la fecha no se puede calcular con los instrumentos de medición disponibles el destino de esa producción. Lo que sí se puede asegurar es que existen varias razones para no hacer una relación directa: coca que no pasa por mercado autorizado = coca que va al narcotráfico.

Todos sabemos el peso que tiene la informalidad en la economía boliviana. Si un electrodoméstico no se vende en un mercado legal, no se relaciona directamente con que será derivado a una red criminal, pues en la mayoría de los casos un televisor comprado en un mercado informal termina en un hogar. Optar por la informalidad en Bolivia no es impropio de la cultura económica del país, ¿por qué debería ser en el caso de la compra/venta de hoja de coca? (nótese la diferencia entre formal, legal e informal).

Acceso a mercados. Solo hay dos mercados autorizados para la venta de hoja de coca (Villa Fátima, La Paz, y Sacaba, Cochabamba), lo que implica que la hoja de coca debe pasar por ellos para llegar a Santa Cruz, que es el lugar donde más se han incrementado los consumidores. El problema es que el mercado más cercano, Sacaba, está a trasmano de la vía a Santa Cruz, por lo que muchas veces su traslado implica costos adicionales y desincentivando el paso de la hoja por él. Sería conveniente abrir un mercado autorizado en Bulo Bulo. Así, recién se podría saber cuánta de la hoja de coca producida en Chapare pasa por el mercado legal.

En Argentina, principalmente en el norte, el consumo de la hoja de coca es considerado una costumbre, una cuestión cultural y hasta ancestral. Normativamente, el art. 15 de la Ley Nacional N.° 23.737 establece su consumo como legal: “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes.” Si se toma en cuenta que Argentina no es un país productor de hoja de coca, se puede inferir que al menos un porcentaje de lo que se consume en esa región proviene de Bolivia y que al menos una parte importante de esa coca no registra su paso por el mercado legal. ¿De cuántas toneladas estamos hablando? El informe de la Unodc no registra esos datos.

Lo expuesto no quiere decir que no haya hoja de coca boliviana que se desvíe al narcotráfico, sino que no hay datos para hacer afirmaciones categóricas y temerarias. La coca de Bolivia compite con la de Perú. Según los datos del mismo informe de la Unodc, el kilo de coca en Perú cuesta $us 3,1 y en Bolivia, ese mismo año (2016), el kilo costaba $us 8,4, habiendo incrementado el último año a $us 9,4. Bajo una lógica de rentabilidad, al narcotraficante le resulta más atractiva la hoja de coca peruana. En los últimos 10 años el consumo de coca en Santa Cruz se ha incrementado considerablemente.

Este escrito no trata de negar que existe un desvío de hoja de coca boliviana hacia la producción de cocaína, pero busca exponer el problema de hacer las relaciones directas, lo que no permite que se hagan los análisis técnicos pertinentes de todas las dinámicas e incentivos para que la hoja de coca no se venda en mercados legales.

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