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“Lograste que miles de corazones vibren de felicidad. ¡Qué ejemplo Egan!” reza una de las pancartas expuestas este 7 de agosto, en Zipaquirá, a 40 kilómetros de Bogotá, durante el recibimiento a su héroe local: Egan Bernal.

“Cuando los veo ahí, comienzo a darme cuenta de lo que esto significa para Colombia”, indicó el aclamado campeón del Tour de Francia 2019. Un joven de 22 años, que le regaló a su país y al continente latinoamericano el primer triunfo en el máximo torneo del ciclismo mundial.

Pero mientras la ciudadanía colombiana celebra este emblemático logro, y el mundo lo aplaude, el país de la panela sufre una de sus más escalofriantes amenazas… el asesinato a líderes sociales.

¿Cómo entender esta cruenta práctica que silenciosamente arrasa con el derecho ciudadano a la organización colectiva y a la vida en sí misma? Paramilitarismo. También narcotráfico. Pero a estos se debe añadir la incapacidad del gobierno colombiano para implementar políticas pendientes del proceso de paz, vinculadas con estos asesinatos.

El mismo día que Bernal llegaba a su festejo en Zipaquirá, el presidente Iván Duque cumplía el primer año de un cuestionado mandato. En su periodo, 198 líderes han sido asesinados. Cierto, esta no es una práctica exclusiva de esta gestión. Pero en la misma, el escenario parece agravarse. Recientemente, Francisco Maltés, representante de la Central Unitaria de Trabajadores, denunció que 200 sindicalistas han recibido amenazas de grupos paramilitares, principalmente de las Águilas Negras.

Los líderes indígenas también se han visto afectados. Una de sus recientes víctimas es Gersein Yatacue, del pueblo Kiwe.

¿Y cómo olvidar a María del Pilar Hurtado, líder comunitaria asesinada en el departamento de Córdova, en julio pasado? La muerte de María se viralizó en las redes sociales, por el desgarrador video de su hijo de 12 años que clama desesperado por la vida interrumpida de su madre, botada en la tierra, entre matorrales y deshechos. A partir de este suceso, se organizó una masiva marcha de Defensa por la Paz, el 26 de julio. El presidente Duque quiso sumarse, pero se retiró por el rechazo común de los manifestantes.

No es para menos, en su gestión están pendientes importantes tareas del proceso de paz en Colombia, que permitirían evitar estos asesinatos, cometidos en el complejo contexto del posconflicto.

Por ejemplo, la aplicación del Decreto 660, aprobado en abril de 2018, que promueve una protección colectiva, con participación de las comunidades colombianas; o la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, declarados en 2017 como una prioridad nacional, pues son una medida para atender la principal raíz del conflicto colombiano: la tenencia de la tierra.

De hecho, las razones para asesinar a los líderes sociales se relacionan con la voluntad de estos para fomentar la sustitución de cultivos ilícitos, normalizar el uso de la tierra, ampliar el acceso a la misma, motivar emprendimientos productivos para excombatientes y defender los derechos ambientales.

Está claro que a los dueños eternos del poder rural esto les perturbe. Por eso bala y asedio. Y así Colombia no puede salir de su duelo.

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