La crisis reciente de los combustibles en Bolivia ha abierto un debate incómodo pero necesario: ¿se trata de un problema de proveedores internacionales como Vitol o de fallas estructurales en la gestión de YPFB? Las acusaciones del diputado Carlos Alarcón señalan que la gasolina base importada desde Vitol sería el origen del problema, al ser un insumo que no puede utilizarse directamente sin mezcla —particularmente con etanol—, lo que introduce un riesgo técnico si el proceso no se ejecuta correctamente. Sin embargo, esta afirmación resulta incompleta sin considerar el contexto operativo: la gasolina base es, por definición, un producto intermedio en la cadena de refinación, y su correcta transformación depende de estándares técnicos, controles de calidad y condiciones de almacenamiento que son responsabilidad local.
Es fundamental dimensionar a Vitol. No se trata de un proveedor menor, sino de uno de los mayores traders independientes de energía del mundo. En 2025, registró ingresos aproximados de USD 343.000 millones y comercializó alrededor de 605 millones de toneladas equivalentes de energía —cerca de 8 millones de barriles diarios—, cifras que la colocan al nivel de grandes compañías energéticas globales. Su rol principal no es producir, sino intermediar y optimizar flujos de suministro a escala mundial, con beneficios anuales del orden de USD 4.000 millones en años recientes.
Esta magnitud explica por qué países como Bolivia recurren a Vitol: ofrece acceso inmediato a grandes volúmenes, financiamiento implícito y logística integrada. Pero también implica una asimetría evidente: negociar con un actor de este tamaño exige alta capacidad técnica y contractual. Los problemas observados en Bolivia no pueden analizarse sin considerar que YPFB interactúa con una de las maquinarias comerciales más sofisticadas del mercado energético global.
Aquí emerge un punto crítico que debilita la narrativa de culpabilidad exclusiva hacia Vitol: existen observaciones sobre la falta de certificados de calidad en algunos lotes y, más grave aún, la presencia de volúmenes sin procedencia claramente identificada. Esto sugiere fallas sistémicas en los mecanismos de control y trazabilidad dentro del propio aparato estatal. Incluso si el producto original cumpla parámetros mínimos, su degradación posterior no puede descartarse si fue almacenado en condiciones inadecuadas o mezclado sin protocolos estrictos.
La adenda firmada con Vitol para elevar los estándares de calidad —en parámetros como gomas y manganeso— refuerza la idea de que el problema no era necesariamente ilegal, pero sí técnicamente insuficiente para el parque automotor boliviano. Más que una “estafa”, podría tratarse de una mala especificación contractual o de una débil capacidad de negociación por parte de YPFB.
Frente a este escenario, el Decreto Supremo 5617 representa un giro pragmático del gobierno: permitir a YPFB comprar combustibles directamente en el mercado internacional, incluso en el mercado spot, para garantizar el abastecimiento inmediato. La medida tiene ventajas claras: agilidad en la compra, eliminación de intermediarios y posibilidad de aprovechar oportunidades de precio en el corto plazo, elementos cruciales para evitar desabastecimientos con impacto social.
No obstante, el decreto abre riesgos importantes. Operar en el mercado spot implica alta exposición a la volatilidad de precios internacionales, lo que puede traducirse en mayores costos fiscales para un país que ya subsidia fuertemente los combustibles. Además, al flexibilizar los procesos de contratación, se incrementa el riesgo de opacidad y discrecionalidad, históricamente un punto débil en la gestión de YPFB. En otras palabras, se sustituye el riesgo de depender de intermediarios por el riesgo de decisiones poco transparentes.
El balance del Decreto 5617 es ambivalente: eliminar intermediarios podría reducir costos entre un 3% y 8% (aproximadamente USD 100–250 millones/año), pero la volatilidad del mercado spot podría elevarlos entre un 10% y 20% en picos, generando sobrecostos de hasta USD 300–600 millones en escenarios adversos. Las pérdidas potenciales de la cadena oscilan entre USD 200 millones en una gestión eficiente y más de USD 600 millones ante gestión deficiente y alta volatilidad. Bolivia no enfrenta un error puntual, sino un problema estructural de enorme costo fiscal.
En síntesis, las acusaciones contra Vitol contienen algunos elementos de verdad, pero están lejos de explicar por sí solas la magnitud del problema. La evidencia señala una combinación de factores: insumos comprados en el límite de especificaciones, deficiencias en la gestión técnica interna y fallas en los sistemas de control de calidad. El Decreto 5617 no es una solución estructural, sino una respuesta de emergencia que puede aliviar la crisis en el corto plazo, pero que, sin reformas profundas en la gobernanza y capacidad técnica de YPFB, corre el riesgo de reproducir los mismos problemas bajo un esquema diferente. Bolivia no enfrenta únicamente un problema de proveedores; enfrenta, sobre todo, un problema de gestión.
(*) Carlos Ibañez Meier es Ph.D. en Economía