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La Fiscalía de La Paz inició investigaciones por terrorismo, sedición y conspiración contra Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, los comandantes militares Williams Kaliman, Flavio Gustavo Arce, Sergio Carlos Orellana y el comandante de la Policía, Yuri Calderón, y convocará a declarar en calidad de ‘víctimas’ a Evo Morales y Álvaro García Linera por los hechos de octubre y noviembre de 2019 después del fraude electoral.

El fiscal Omar Mejillones lleva adelante esas acciones ante la denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien hace dos semanas presentó inicialmente la acusación por supuesto ‘golpe de Estado’, y ante el rechazo de la Fiscalía porque no se especificaban los delitos ni se individualizaba a los supuestos responsables, la exlegisladora decidió corregir las observaciones y volverla a presentar.

Patty también presentó una solicitud ante la Fiscalía para activar la alerta migratoria contra los seis acusados para que no salgan del país y evitar, dice ella, que ocurra lo mismo que con el exministro Arturo Murillo, que salió del país pese a que ella había solicitado su detención al Ministerio Público.

Por procedimiento la Fiscalía tiene 20 días de una etapa preliminar para acumular los elementos necesarios para determinar la supuesta participación de las seis personas en los delitos señalados.

La gran pregunta de este caso es ¿Quién está detrás de las acciones de la ex diputada masista Lidia Patty y de los fiscales que acogen con beneplácito la teoría que va en absoluta concordancia con el discurso político dominante de estas semanas en el Gobierno de Luis Arce y en la alta dirigencia del partido en el poder cuando hablan de ‘golpe de Estado’ al referirse a la renuncia de Evo Morales forzada por una movilización popular el año pasado?

Incluso la expresidenta del Senado, Eva Copa, reconoció que en Bolivia hubo una ‘transición constitucional forzosa’ en noviembre de 2019, lo que echa por tierra la teoría del supuesto ‘golpe de Estado’.

La intención de posicionar la idea del ‘golpe de Estado’ parece estar en la primera posición de las prioridades del nuevo Gobierno, que en materia económica ha hecho muy poco hasta ahora, pese a que es el asunto más urgente de atender en el país, y ha concentrado demasiada energía en el discurso político descalificador de la anterior gestión y ahora en la acusación contra Luis Fernando Camacho, su padre y los jefes militares y policiales anteriores.

Existe una tenaz persistencia del MAS para borrar de un plumazo la historia que escribieron millones de ciudadanos el pasado año con su movilización pacífica tras el fraude del 20 de octubre, que consiguió la renuncia del entonces presidente Morales. Así como no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco se puede sobrescribir los hechos para decir que no hubo fraude allí donde lo hubo, o para decir que hubo golpe allí donde existió una movilización ciudadana y una renuncia presidencial. Los presidentes que salen del poder por un golpe de Estado no tienen tiempo ni oportunidad ni pertinencia de renunciar.

El Gobierno haría bien en volcar la página, mirar adelante y hacer gestión. De otra forma, comenzará a mostrar signos similares al Gobierno excesivamente politizado de Morales y terminará por desacreditar la palabra del propio Luis Arce, además de la de Evo Morales, quienes durante la última campaña reiteraron varias veces que no son vengativos ni revanchistas, que son de la ‘cultura de la paz’ y otras expresiones que en medio del proselitismo suenan bien, pero parecen no tener congruencia con los hechos que hoy estamos viendo, más parecidos a una cacería de brujas que a una auténtica búsqueda de la verdad y la justicia.



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