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En el ámbito político, la población boliviana se encuentra en aceras opuestas, entre un planteamiento socialista etnocentrista, que pretende llegar al radicalismo para sostener un instrumento político argumentando la soberanía de los pueblos como si éstos estuvieran sojuzgados o sometidos estando en el ejercicio del poder.

La otra parte, defiende un pensamiento progresista autónomo con connotaciones contrarias a las del pensamiento socialista, en el que percibe que éste atenta contra sus derechos y, por lo tanto, vulnera la Constitución, porque peligra su trabajo, sus emprendimientos y su patrimonio, entre otros, pero fundamentalmente, ve que la educación de sus hijos se desarrolla en un marco de estatismo secante que atenta contra su voluntad de elegir y de desenvolverse.

En lo Electoral. En las elecciones de octubre de 2020, el partido de gobierno obtuvo el 55% del voto ciudadano (porcentaje, actualmente cuestionado por Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral y muchos actores) y la oposición logró el 45%.

Como conclusión, se debe mencionar que el MAS no puede gobernar como si hubiera obtenido el 100% de los votos y pretender que no existe el contrapeso de las minorías y que el 45% está lejos de ser una minoría ausente.

Desde el punto de vista de Baptista (vocal del TSE), existe un serio cuestionamiento sobre la actuación de algunos miembros de este tribunal que, con el conocimiento de Salvador Romero, que en la gestión pasada fungía de presidente del TSE, podría ser que ese 55% en favor del partido de gobierno sea debatido nuevamente por irregularidades que pudieran en breve salir a la luz, lo que se constituiría en un segundo fraude. Por lo tanto, es indispensable que se realice una auditoría forense al padrón.

En lo Económico. Más allá de los guarismos citados en un discurso desconsiderado, belicoso, confrontacional y etnocentrista en el que el presidente Arce acusó al 45% de la población (si es que este porcentaje no es superior) de golpista, lo evidente es que se desconocen los datos exactos sobre la situación de la economía, tales como las Reservas Internacionales Netas; la emisión monetaria; la ejecución presupuestaria de YPFB y de las demás empresas del estado.

El Instituto Nacional de Estadística es actualmente una institución politizada, cuyos datos no coinciden con el análisis de otros economistas (como, por ejemplo, con el del Dr. Gonzalo Chávez y su predicción de 1,36% de crecimiento anual del PIB) y los guarismos del gobierno en torno al crecimiento de 4% para la presente gestión.

Por lo tanto, los datos sobre la economía son muy inciertos y el proyecto de ley 342 sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, pretende que los procesos de reactivación vayan por la vía del embargo de los recursos de las gobernaciones, alcaldías, universidades y de las instituciones autárquicas, de forma tal que éstos sobrevivan con lo mínimo. Hasta la fecha no existe un informe sobre la rentabilidad de las estatales (Cartonbol, Evabol, Lacteosbol, San Buenaventura, planta de urea, etc.).

En Salud y Educación. Respaldarse en un evento sanitario que se conduce por la vía de la necesidad en el caso del Covid 19, sin tomar en cuenta el esfuerzo de las gobernaciones, alcaldías y otras instituciones de salud, no dice absolutamente nada, no se cuenta con información sobre los pacientes de otras patologías (renales, cáncer, Iras, Idas, tasas de natalidad, morbilidad y de otras patologías endémicas como el chagas, sida, etc). Eso sí, tenemos datos de las vacunas que fueron desechadas por un descoordinado plan de vacunación por parte del Gobierno central y los regionales.

En el área de educación, los resultados de los procesos de enseñanza/aprendizaje, sobre todo de las últimas gestiones, se pondrán en evidencia en el momento en que los estudiantes lleguen a pasar al bachillerato o enfrenten una opción por la educación superior. Así también se recoge que el exministro de Educación, Adrian Quelca renunció por actos de corrupción.

Oportunidades para los jóvenes. En lo que respecta a este importante grupo etario, no se conocen las cifras sobre el desarrollo de la competencia educativa, profesional, técnica o de aprendizaje. Se desconocen los datos sobre si los jóvenes están satisfechos con su trabajo, con su diario vivir, sus metas, sus esperanzas, sus proyectos a futuro y, menos aún, sobre sus expectativas sobre el futuro del país.

La demanda popular. No es casualidad que la población boliviana se organice en contra del paquete de leyes que pretende promulgar el gobierno del MAS, sin antes propiciar un proceso de consenso, como corresponde en un gobierno democrático.

¿Cuál es la solución al conflicto actual? La situación de crisis que está atravesando el país como consecuencia del rechazo de parte de la población a la promulgación del paquete de leyes que pretende el gobierno de Luis Arce requiere de una solución. Primero, la población desea que Bolivia tenga estabilidad y eso pasa por lo Político en estos tiempos. Segundo, si el gobierno del MAS está seguro de su 55% de votación, debe ejercer su capacidad de convencer a la población a partir de los dos tercios de la votación en la Asamblea Plurinacional, reponiendo el equilibrio de los pesos y contrapesos que manda la CPE. Por otra parte, debe institucionalizar el sistema judicial y realizar una auditoría del padrón electoral y de los servidores que se usan para el conteo de votos. Finalmente, es necesario sentarse entre bolivianos para discutir un nuevo modelo de manejo de Estado-Gobierno, ya que el actual no logra ni acercar en unidad a la población ni satisfacer sus necesidades básicas.

La solución a los problemas actuales está en manos del gobierno, que debe considerar la abrogación de las leyes 1386 y 342 y otras y ponerse a trabajar.

¿Trabajar en qué? Gobernar con equidad, igualdad y respeto a la libre expresión.

El gobierno debe enmendar sus errores y ser hidalgo al reconocer sus equivocaciones, de este modo será reconocido como un gobierno democrático que emergió de la votación popular. Sino será recordado como el nuevo Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez.

Agustín Zambrana Arze es Periodista y Abogado, activista patriota


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