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¿Cómo les va a los hijos de la Ley A. Siñani– E. Pérez?

Manuel E Contreras 5/10/2020 05:00

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Hace casi una década Bolivia nuevamente se embarcó en una reforma educativa, la primera de este siglo, al promulgar la Ley de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez (LASEP). 

El 20 de diciembre de 2010 también derogó la Ley 1595 de Reforma Educativa de 1994, que dejó de ser implementada desde el 2006. Los principales objetivos, entre otros, es desarrollar una educación “descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales” que además sea “científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las [diferentes] culturas .... en complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad” (énfasis mío). Para ello, una vez más, se transformó el currículo (base, diversificado y regional), se prepararon materiales nuevos y se capacitó a miles de maestros y maestras.

Transformar el sistema educativo es un proceso complejo, toma tiempo y requiere de mecanismos para evaluar e ir lo ajustando el “qué” y el “cómo” se enseña. La única manera de conocer el desempeño de les estudiantes es a través de pruebas que midan su logro en lectura matemáticas y ciencias.

Si bien la LASEP plantea la creación de un Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (Artículo 83) a una década de su promulgación, no se conocen informes. Por tanto, es imposible saber cómo se desempeña el proceso de transformación propuesto. Bolivia tampoco ha participado de procesos latinoamericanos de medición de calidad que permitan compararnos con otros países de la región.

Hace cuatro años, el analista Henry Oporto preguntaba “¿Por qué en Bolivia no se evalúa la educación?” (Página Siete, 27 de agosto de 2015) y en parte su respuesta era que no existía una cultura de evaluación en el país. Por otra parte, el docente universitario y activista de los movimientos indígenas, Víctor Hugo Quintanilla Caro, plantea tres posibles hipótesis para explicar esta aversión: (1) “el gobierno pondría en riesgo su prebendal relación política con el magisterio (comunista)”, (2) “el magisterio también asumiría posiciones acerca [de] quienes evaluaron sus resultados en los educandos” y (3) “los resultados echarían por tierra la aplicación de la [LASEP].” Cualquiera de las tres hipótesis o una combinación de ellas dice mucho sobre la ausencia de una apreciación por la evaluación de la educación para mejorarla y, más bien, la anteposición de mezquinos intereses políticos.

Felizmente, Bolivia participó de la evaluación curricular que llevó a cabo Orealc/Unesco en 2019, la cual en su informe incluyó algunos resultados de la medición de logros del sistema educativo boliviano de 2017. Según Orealc/Unesco, el currículo de lectura en Bolivia se destaca por la “diversidad textual” en 3° y 6° grado, con una ausencia de “estrategias de lectura” y “decodificación.” A su vez, el currículo de matemáticas es rico en temas poco complejos como “números y operaciones” y “geometría” y pobre en temas de mayor complejidad como “estadística y probabilidad” y “patrones y álgebra.” Con este estudio conocemos el “qué” se enseña, pero no sabemos “cómo” se enseña, debido a la ausencia de acompañamiento y seguimiento a los y las maestras en aula. ¿Pero, qué resultados lograron los hijos y las hijas de la LASEP?

Con un acuerdo explícito con Unesco de No publicar los datos, el Ministerio de Educación accedió a que se realice un diagnóstico de los aprendizajes de estudiantes de 3° y 6° grado de primaria en octubre de 2017, utilizando instrumentos para las pruebas del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), que fue aplicado el año 2013–cuatro años antes–en varios países de la región. Como anotamos, solo algunos resultados fueron incluidos en el análisis curricular de 2019. Sobre una escala de cuatro niveles de desempeño, el estudio señala que 53,8% de los alumnos/as bolivianos en 3° de primaria están en el nivel más bajo. Es decir, a siete años de implementada la reforma, más de la mitad de sus hijos e hijas, en palabras de Orealc/Unesco, “solo son capaces de localizar información explícita y realizar inferencias sencillas en textos breves y de estructura familiar …” y “no son capaces de interpretar lenguaje figurado, reflexionar, emitir juicios y reconocer tipos de textos de estructuras no familiares ni tan cercanos” (énfasis mío). Los resultados en matemáticas no son mejores, el 62,2% está en el nivel más bajo, también inferior al promedio en América Latina. Finalmente, tampoco se logró cerrar la brecha urbano-rural.

Mientras no hagamos seguimiento a la calidad de la educación, continuaremos dando “palos de ciego” con el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) asignado a la educación escolar (el otro 2% del PIB, es para las universidades públicas). Lamentablemente, a pesar del enorme esfuerzo fiscal, hay un “pacto de mediocridad” similar al que señalé hace décadas atrás en las universidades: “yo hago como que enseño, tú haces como que aprendes y, si ninguno dice nada, todos seguimos tranquilos nomás.” Rompamos con este perverso pacto, la evaluación de la educación de 2017 indica que, a pesar de la retórica, el emperador, efectivamente, está desnudo. Mejorar la calidad y convertir el gasto educativo en genuina inversión como política de Estado, es el desafío para los próximos gobiernos.