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Fue Evo Morales el encargado de hacerle saber a Bolivia que la coordinadora de las seis federaciones de cocaleros de Chapare recibirá una compensación de 1,6 millones de dólares (equivalentes a 11,1 millones de bolivianos) por la construcción de un gasoducto que atraviesa la zona.

A Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no le quedó más remedio que admitir y justificar la compensación económica. El gasoducto se proyectó en 2006 y fue construido en 2007. A mediados de 2008, los cocaleros y la estatal petrolera determinaron que la obra afectaba el 90% del territorio donde se ubicaba y que merecía compensación. También se suscribieron más de un millar de contratos de servidumbre, que también significaban dinero a erogar por parte de la petrolera en esa zona.

Según Evo Morales, líder de los cocaleros de Chapare y YPFB, la organización sindical no tenía una cuenta, por lo que el desembolso se hará 13 años después. Dicen que el dinero se utilizará para construir dos grandes estaciones de servicio en el trópico de Cochabamba y estas serán posesión de los sindicatos de los cultivadores de coca.

Las dos estaciones de servicio se sumarán a los más de 14 surtidores ya existentes en Chapare, por lo que, evidentemente, falta no hacen
en la zona. Además, está claro que no hay control en la venta de hidrocarburos, que se realiza a vehículos indocumentados y también a gente
que compra en bidones cuyo destino es desconocido.

El presidente de YPFB Transportes, Wilson Zelaya, dice que se ha cumplido la norma y que ya se entregó el 50% de la compensación, el 50% restante se desembolsará sobre la base del avance de la construcción de los surtidores. El artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos establece las compensaciones por el impacto socioambiental directo a propiedades originarias, campesinas, comunitarias, etc.

Lo que llama la atención y genera mucha polémica es que esta decisión se haga efectiva 13 años después, en una gestión de crisis económica nacional y también de bajón de ingresos en YPFB. Hay que recordar que las exportaciones de gas disminuyeron considerablemente y que la producción apenas alcanza para exportar a Brasil y Argentina o para proveer el mercado nacional. Si la coordinadora de las seis federaciones de productores de coca esperaron 13 años podrían esperar uno o dos más hasta que mejore la explotación de hidrocarburos y se recuperen los ingresos por la venta de este recurso natural.

¿Cuál es la prisa en este momento? Para responder a esta pregunta hay que hacer un análisis más político. Los cocaleros de Chapare son el bastión de Evo Morales, una especie de cuartel general desde que fue presidente. No hay que olvidar que las megaobras de su gobierno están instaladas en ese territorio; que las vías más grandes y mejor cuidadas cruzan el trópico cochabambino o que ahí está instalado el aeropuerto más grande del país. O sea, la lealtad del sector ha tenido un costo y Morales lo ha pagado fielmente.

Tampoco se puede perder de vista que los cocaleros son los que sostienen el liderazgo de Evo Morales, razón por la cual seguramente hay que seguir haciendo compensaciones económicas a sus sindicatos, aunque estas sean a costa de dinero para invertir en exploración hidrocarburífera o de otras inversiones que podrían ser más útiles en cualquier espacio del país, en vez de la construcción de dos estaciones de servicio innecesarias.

Este tipo de decisiones y acciones demuestran que la gestión no prioriza los intereses de las mayorías, sino los de grupos sectarios y reducidos del MAS.

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