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Complot del presidente contra la salud pública y justicia

Pedro Gareca Perales 29/3/2021 09:04

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Tener un nombre interminable y una dilatada carrera bancaria a las espaldas de Luís Arce Catacora, retrato de su mentor Evo Morales, no siempre es la conducta de aprobación del líder (sin consenso), que más puede que no acabe de entusiasmar ni a sus seguidores por su hostil inicio discriminador en los programas de vacunación y la intrepidez de someter la justicia y fiscalía para violar derechos humanos contra la expresidente Jeanine Añez, exministros de Estado, Comandantes del Ejército y la Policía Nacional que salvaguardaron la vida de los bolivianos ante el terrorismo sembrado por Evo Morales y sus huestes descalificadas; hoy impunes e inocentes por ley y jueces serviles.

A este respecto, el Secretario de Estado de EEUU., Antony J. Binken ha expresado en fecha 27 de marzo de 2021, su preocupación por supuestos signos antidemocráticos y la polarización del sistema legal en Bolivia, a la luz del reciente arresto y encarcelamiento preventivo de exautoridades de gobierno. Bolivia está bajo la observación de países vecinos que notan la subordinación de la justicia al poder político y violación de derechos humanos.

Si duda, las debacles electorales han precipitado una sucesión que no estaba en el guion de Arce Catacora, ni de David Choquehuanca ni en los partidos de oposición, que no se dieron cuenta del complot del MAS IPSP al mando del presidente no solo de barrer a Creemos y Comunidad Ciudadana de la escena política boliviana; sino que su ofensiva en las últimas semanas es meterse en temas mollares contra la -salud pública y la educación-, al amenazar en el Municipio de Entre Ríos-Tarija (27-03-2021) en ocasión de la entrega de una Unidad Educativa Chiquiacá: “que no llegarán vacunas a las regiones en la que los alcaldes y gobernadores no tengan coordinación con el gobierno central”; declaración tan hostil que atenta contra la salud pública de los bolivianos, particularmente focalizada con las poblaciones de los Departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, si no resultan triunfadores los candidatos del MAS IPSP en las elecciones del 11 de abril de 2021.

Claro está que al presidente poco le interesa la salud pública, no está dentro de sus prioridades, tema que requiere reforzamiento en su preservación. Así, su posición más allá de la indignación moral y la desigualdad en la distribución de vacunas en el país con una población que ha sido inoculada en apenas 1,7%, comparada con Chile que ha recibido seis millones de vacunados la doble dosis que representa el 29% y 40% de personas la primera; resulta que para Luís Arce Catacora no tiene importancia las recomendaciones de Tedros Adhanom Director de la OMS que dice: “Las vacunas son vitales no solo para salvar vidas, sino también para prevenir los efectos a largo plazo de la enfermedad”; como tampoco parece preocuparle el vaciamiento de la Ley de Emergencia Sanitaria (L. 1359) con su amenaza en Entre Ríos de no vacunación y el riesgo de la cepa P1 de Brasil, país que supera los 310.500 fallecidos y 12.490.362 de casos infectados, visto por los científicos como un “potencial fuerte de variantes superpotentes” por la falta de medidas de confinamiento y cierre de fronteras temporales.

Cabría preguntarse ¿dónde está el Ministerio Público y la Defensa Pública para actuar en forma obligatoria en representación de la colectividad boliviana? ante la amenaza a la “salud pública” de interés social y universal en situación de la aparición de la nueva cepa P1 del COVID-19; si la salud pública está garantizada por la Acción Popular prevista en los arts. 135 y 136 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La Constitución en los arts. 15.I y 18.I.II reconocen que; “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes” Y “Todas las personas tienen derecho a la salud” y que “El Estado tiene la obligación de garantizar la inclusión y acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación”; derechos que están garantizados en los arts.1 y 4.1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que señalan que toda persona tienen derecho a la vida, la salud, a la libertad y a la seguridad de las personas.

En este mismo orden, la SC 2028/2013 que cita a la SC 1018/2011 de 22 de junio, establece que la finalidad última de la Acción Popular no es solamente proteger los derechos en el presente, sino fundamentalmente a futuro, preservando las condiciones básicas y mínimas para una existencia mínima para los seres humanos, de ahí que uno de los rasgos de esta Acción Popular sea la prevención, activándose en aquellos casos y graves amenazas de violación de los derechos colectivos, en el caso específico de la -salud pública-. En su faceta de amenaza a derechos difusos y colectivos como son los derechos a la vida y a la salud pública.

Cuando el político aferrado a su ego y como presidente, es parte de una ortopedia por sangría de votantes de su partido, le ocasiona pánico y temor; por eso recurre al complot con su mayoría absoluta de legisladores para amenazar que no habrá salud, para barrer a las organizaciones políticas de oposición y, seguro, sin interlocutores válidos mañana para dialogar; sino que asustado por un sentimiento inconexo con la ciudadanía es cuando empieza a pedalear hacia atrás.

Por último, es lamentable que un presidente no privilegie la salud pública sino la amenaza de la muerte colectiva en riesgo de la cepa P1 más agresiva y virulenta. La receta que aplica es de voltaje peligrosa, si los verdaderos líderes son aquellos que con discreción rehúyen al complot y la política del ego y, son capaces de dejarse subestimar, a pesar de su ingente poder concentrado, para repartir garantías, seguridad y estabilidad bajo el paradigma del consenso en situación de crisis y de pandemia.
Sucre, marzo 28 de 2021

Pedro Gareca Perales, abogado constitucionalista y defensor de DDHH.

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