Este medio publicó la denuncia de una trabajadora del Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) San Matías, que depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), acerca de autorizaciones forzadas e ilegales que se firmaron para el ingreso de la empresa minera Mincruz SRL en una zona donde no está permitida esa operación.

La primera solicitud de la minera fue rechazada, pero en un segundo intento, enviado directamente a La Paz, el director del AMNI, Mauricio Morales, autorizó la aprobación del ingreso de esa empresa indicando que sí cumplía con todos los requisitos. Sin embargo, una valiente trabajadora de la AMNI, de nombre Thai Zárate Sandóval, se negó a firmar la autorización porque consideró que no correspondía.

Según el plan de manejo de la AMNI San Matías, allí sólo se permite la ganadería extensiva, la agricultura de subsistencia y la implementación de pastos cultivados de pequeña escala. Y, por el contrario, no permite el cambio de uso de suelo para sistemas intensivos de gran escala ni desmontes, y mucho menos la minería.

El director, para lavarse las manos, intentó que la trabajadora firme la autorización, pero cuando ella se negó, la amenazó con enviarle un memorándum, y al comprobar la persistencia de esa negativa, hizo firmar con un técnico nuevo, al que después le dieron el puesto de quien hizo las cosas correctamente. 

Para colmo de la irregularidad, la ilegal autorización se hizo en tiempo récord de sólo tres días antes de que Mincruz ingrese al área a trabajar, un trámite que en condiciones normales puede demorar entre un mes y un año. 

A la cadena de irregularidades se sumó la intención del citado director de esconder el caso, cuando lo normal es que una información de esa naturaleza debe socializarse por tratarse de un asunto de interés público del que deben tener conocimiento los indígenas de las comunidades de la zona, habitantes del lugar y guardaparques. 

Anteriormente, a la gente del área se le dijo que no habría contaminación ni afectación al agua, y no se le advirtió del enorme impacto negativo que tendrían las operaciones de extracción en el lugar.

Curiosamente, también la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) otorgó a la minera un permiso para hacer el desmonte, igual de ilegal como la autorización de la AMNI. 

El precio de hacer las cosas correctas fue muy alto para la trabajadora denunciante: perdió su trabajo, igual que lo perdió el anterior director de la AMNI porque hacía cumplir la norma y el plan de manejo. 

La AMNI San Matías es la segunda más grande del país, tiene alrededor de tres millones de hectáreas y con solo 13 guardaparques sin condiciones para movilizarse. Y si además tiene un director que vulnera las leyes y ordena -ni siquiera pone la firma él- autorizaciones ilegales, muy triste es el destino de esa área. 

Un par de legisladores se han puesto a la tarea de defender el AMNI y ojalá encuentren eco en otros legisladores para paralizar las operaciones ilegales. La diputada María René Álvarez pidió al juzgado Agroambiental de San Ignacio de Velasco que dicte medidas cautelares para paralizar el ingreso de Mincruz al AMNI San Matías. En tanto, el legislador Marcelo Pedrazas presentó una petición de informe escrito sobre el tema en la Asamblea Legislativa. Ojalá también la Gobernación de Santa Cruz salga en defensa de las áreas naturales del departamento.