Opinión

Conflictos de límites, un mal endémico

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5 de junio de 2019, 4:00 AM
5 de junio de 2019, 4:00 AM

Los conflictos de límites entre municipios y departamentos son un mal endémico del Estado boliviano. Sus efectos no quedan únicamente en los planos geográficos, sino que tienen consecuencias para la vida de cientos de miles de ciudadanos que sufren los perjuicios por la falta de acuerdo entre las instituciones.

El mal atañe a los nueve departamentos, principalmente por presiones políticas y falta de apego a las normas y los límites establecidos objetivamente por las entidades encargadas de la delimitación geográfica en el territorio boliviano.

En Santa Cruz, 14 conflictos de límites afectan al 50% de los municipios cruceños, situación que conlleva importantes pérdidas económicas y enfrentamientos que frenan el desarrollo económico de las regiones involucradas. En cumplimiento de la Ley 339, solo tres conflictos están en la recta final para su resolución y en cinco se deberá convocar un referéndum para definir el futuro de estas poblaciones.

Como un ejemplo de esta inestable situación, los pobladores de El Naranjal-Don Bosco viven en la zozobra por la falta de obras gracias a la pelea abierta entre las entidades municipales de Warnes y Montero. En Villa Esterita, las quejas no cesan por la falta de demarcación en una extensa zona que divide las comunas de Saavedra y Montero.

La norma aprobada el 31 de enero de 2013 ha resultado insuficiente para controlar los conflictos de límites en el país. La falta de autoridad, los débiles acuerdos entre partes y los poderosos intereses que están por detrás de las presiones para mover los límites agravan el marco indefinido de los límites territoriales.

La propia Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 270 y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización exigen a las diferentes instancias del Estado boliviano que resuelvan en plazos razonables los diversos conflictos de límites que enfrenta el país en su conjunto.

La situación se agrava en regiones metropolitanas, donde se ha desatado una pugna por los impuestos que deben pagar las urbanizaciones y los servicios del transporte público en cada municipio. Más allá de las disputas, las entidades deben priorizar el bien mayor, que es el bienestar de los pobladores afectados.

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