Opinión

Consultas autonómicas en municipios

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12 de julio de 2017, 4:00 AM
12 de julio de 2017, 4:00 AM

Catorce municipios en siete departamentos concretaron el domingo las consultas populares por sus cartas orgánicas y por las autonomías indígenas. Si bien el Sí se impuso en ocho comunas, el voto negativo en seis municipios encendió las alarmas respecto del respaldo que los bolivianos le están dando al proceso autonómico en su conjunto. 

Siete municipios aprobaron sus cartas orgánicas: Vallegrande y Postrervalle, en el departamento de Santa Cruz; Achocalla y Alto Beni, en La Paz; Sicaya y Shinahota, en Cochabamba; y Uriondo, en Tarija. En tanto que cinco comunas las rechazaron: Coroico y Laja, en el departamento de La Paz; Puerto Villarroel (Cochabamba), Puna (Potosí) y Antequera (Oruro). A su vez, el municipio de Macharetí (Chuquisaca) aprobó su conversión de municipio a territorio indígena autónomo, mientras que Huacaya, en el mismo departamento, le dijo No al Estatuto Autonómico Indígena.
Un dato positivo que se debe resaltar es que los resultados preliminares al 100% de las mesas escrutadas fueron dados a conocer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el mismo día de la votación.

Lo que sí preocupa es la lentitud del proceso de aprobación de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos de los municipios, departamentos y territorios indígenas autónomos, un elemento central para la consolidación real del régimen autonómico.

Como bien remarca el municipalista y politólogo, Carlos Hugo Molina, los resultados muestran un debilitamiento del proceso autonómico, tras lo cual alerta que, a este ritmo, recién en 20 años tendríamos todas las entidades con sus constituciones aprobadas. 

Pero es la lentitud el único problema. Cinco municipios dijeron No a las cartas orgánicas y en un caso a los estatutos autonómicos, lo cual refleja un desgaste y un creciente desánimo de los votantes respecto de las autonomías.

Hay que recordar que, con la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional en 2009, la mayoría de los ciudadanos respaldó el régimen autonómico como parte constitutiva del Estado boliviano. Sin embargo, el centralismo sigue vigente de hecho a través de procesos administrativos y financieros que no permiten a los departamentos, municipios y territorios indígenas concretar su derecho al manejo autónomo de sus recursos y de su destino social, cultural y político.

Ojalá las autoridades nacionales, regionales y locales puedan avanzar en un proceso de diálogo y negociación para establecer un pacto fiscal efectivo para reimpulsar unas autonomías que continúan a medio camino para perjuicio de los bolivianos que esperan un Estado más cercano a sus necesidades y más efectivo en la resolución de los grandes problemas económicos y sociales.

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