Contrabando de exportación, devaluación y subsidio
El contrabando de mercancías es un ilícito aduanero que se tipifica como delito penal en función de la cuantía de tributos aduaneros omitidos en el caso del ingreso ilegal de mercancías. En las exportaciones el delito agravado se configura en función de la naturaleza de los bienes que salen ilegalmente del país.
En las importaciones, para ser penado con privación de libertad el contrabando, el monto de los impuestos evadidos debe ser mayor a 200.000 UFV, (Bs 500.000), es decir, que el valor de la mercadería debería ser de al menos dos millones de bolivianos para que el contrabandista sea aprehendido.
Las exportaciones de contrabando agravado se constituyen cuando se extrae o pretende extraer del territorio nacional productos prohibidos de exportación, sujetos a cupos o autorizaciones, como los hidrocarburos, las oleaginosas u otros productos que reciben una subvención directa del Estado, en estos casos sin importar el valor ni la cantidad, el ilícito se tipifica como delito penal con privación de libertad de 10 a 14 años, además de la confiscación de la mercancías y el medio de transporte utilizado para la comisión del delito.
En el caso de que la mercancía exportada de contrabando no estuviera prohibida ni sujeta a ningún control, aplica como sanción la confiscación, y si ésta no fuera posible, una multa del 100% del valor de mercancía.
En todos los casos, el tráfico ilícito de mercancías no solo constituye un delito por omisión de tributos de importación o derechos y regalías como el caso de los minerales, productos forestales o hidrocarburos, sino que pueden constituir una amenaza grave a la salud de las personas, la sanidad de los vegetales y anímales o inclusive daños al medio ambiente y recursos naturales.
Las exportaciones ilegales, en particular de alimentos, pueden también ser una amenaza a la seguridad alimentaria de la población, la cual se debe garantizar en primera instancia ante la eventual escasez de alimentos que se consideran esenciales en la dieta alimentaria de la población.
Ahora bien, en las últimas semanas hemos tenido muchas alertas sobre contrabando de exportación de alimentos hacia la Argentina como el tomate y la cebolla que por su escasez y por la devaluación de la moneda local, se han encarecido en el mercado interno, pero se han abaratado para los argentinos que han comenzado a apreciar su moneda respecto al dólar. Esto podría ser una devaluación competitiva si tuviéramos un tipo de cambio flexible y controlado, lo cual no aplica en el caso boliviano al mantenerse un tipo de cambio fijo con una devaluación que comienza a descontrolarse ante la inefectividad de la política monetaria.
De incrementarse la devaluación de la moneda local más productos saldrán de contrabando de exportación de forma descontrolada por fronteras tan extensas como permeables, en muchos casos amparadas por el tráfico fronterizo y en la mayoría de las veces por el contrabando hormiga que ahora tendrá completo el viaje de ida y retorno con carga ilegal.
Este mismo problema lo teníamos a la inversa con la devaluación en Argentina después de la pandemia, donde ingresaban ilegalmente las carnes, lácteos y vinos argentinos a precios irrisoriamente bajos que casi acaban con la industria nacional.
El otro problema aun mayor que confrontamos es el contrabando de exportación de combustibles y gas licuado de petróleo, especialmente a Perú. El origen de este tráfico ilícito tiene dos vertientes, la primera es el diferencial de precio por el subsidio aplicado al consumo boliviano que equivale al menos a dos terceras partes del valor de estos productos en los países limítrofes, es decir ,que mientras un litro de gasolina cuesta en Bolivia 30 centavos de dólar (al tipo de cambio real) en Perú se vende al menos a 1 dólar, esto es tres veces más caro.
El problema se acrecienta con la devaluación de la moneda local, pues esto aumenta el valor del subsidio, al importase los combustibles en dólares y hace aún más barato el producto para los vecinos que tienen apreciada su moneda.
En definitiva este no es un problema del comercio fronterizo o el contrabando hormiga, en esencia el problema es de política monetaria y el tipo de cambio, que supone una devaluación creciente ante la ausencia de divisas, lo cual abarata nuestros productos frente a la apreciación de las monedas de los países vecinos.
Tampoco es un problema del dólar fortalecido en los últimos años por el crecimiento de la economía estadounidense y las tasas de interés a la baja que ha mantenido la Reserva Federal de ese país, a tal punto que los apreciados bonos del Tesoro norteamericano se compran hasta con los ahorros de los trabajadores bolivianos administrados por la Gestora Pública.
Querer evitar el contrabando de exportación de alimentos y combustibles militarizando las fronteras y los surtidores solo hace más lucrativo el negocio de los contrabandistas, cuando la mejor medida que se podría adoptar es hacerlo menos atractivo, estabilizando el tipo de cambio con una inyección de recursos externos para equilibrar la Balanza de Pagos y restaurar las reservas, liberar totalmente las exportaciones y reducir gradualmente el subsidio a los combustibles a la par de incrementar la oferta de sustitutos como energía eléctrica, GNV o etanol.
Será más impopulares la escasez y la inflación que las medidas de ajuste que se puedan tomar a la brevedad posible.
