Contrabando, desempleo e incremento salarial
En estos días mucho se ha abordado el tema del contrabando y sus nocivos efectos sobre la economía y el empleo, así como el incremento salarial desmedido, inconveniente en las actuales circunstancias de la economía, razón por la que vamos a precisar algunas cifras estadísticas aún estimadas en razón a la inexistencia de data de análisis actualizada y sobre todo porque la actividad informal, y más aún los hechos delictivos, son complejos de cuantificar, por lo que en la mayoría de los casos solo tenemos la capacidad de deducirlos en función de la constatación de tales hechos y sus consecuencias.
Todas las estimaciones sobre el contrabando desde los inicios de este siglo han bordeado entre el 25% y 30% del valor de las importaciones formales, esta cuantía es totalmente constatable por la cantidad de vehículos indocumentados que se estiman en 50 mil unidades, en la cantidad de ropa usada que se vende en mercados itinerantes en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, en la cantidad de alimentos y bebidas en mercados de abasto sin ningún registro sanitario y en las ingentes cantidades de productos de línea blanca y marrón que se distribuyen en mercados emblemáticos cuyas ventas se hacen sin factura fiscal.
Partiendo de la estimación más frecuente sobre la cuantía del contrabando en 2.500 millones de dólares anuales, se puede determinar la evasión fiscal en función al promedio de tributos aduaneros que se dejan de pagar, lo que también se estima en unos 800 millones de dólares anuales, incluyendo al gravamen arancelario, el IVA y el impuesto a las utilidades. Esta evasión de tributos representa cerca del 15% del total de ingresos tributarios del país en un año, mientras que la cuantía de contrabando representaría el 6% del PIB.
Si consideramos que los sectores más afectados por el contrabando son el sector agroalimentario, el sector industrial manufacturero y el sector de comercio, el daño se triplica en razón a que estos sectores llegan a representar un tercio del PIB, es decir que el impacto dañino del contrabando llegaría a afectar a estos sectores hasta un 18% de su producción, lo cual es muy negativo considerando que son sectores que generan la mayor empleabilidad del país, por ende se afecta de manera directa al empleo de los bolivianos.
Para cuantificar el efecto del contrabando sobre el empleo debemos indicar que los sectores mencionados como los más afectados emplean cerca del 30% de la población ocupada, gran parte de ella en él área rural, lo que representa cerca de 1,6 millones de personas. Basados en esta relación de la estimación del contrabando, y el valor de la producción afectada en los sectores agroalimentario, industrial y el comercio, el total de empleos afectados sería de al menos 250 mil, lo que equivale a decir que por cada 10 mil dólares que ingresan de contrabando se pierde un empleo formal y se incrementa el subempleo, entendiendo que el contrabando alimenta la informalidad que subemplea al 60% de la población ocupada, según datos del INE citados por la OIT.
Estas deducciones más razonables que lógicas, junto con otras estimaciones sobre el costo del incremento salarial publicado recientemente en un análisis de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sobre los efectos del posible incremento, donde se establece que el aumento del salario mínimo nacional en un 5% representará para la economía formal pública y privada más de 500 millones de dólares anuales, se tendría que un aumento salarial desmedido representaría dos terceras partes del costo por contrabando.
Continuando con la afectación al empleo, debemos precisar que el incremento salarial solo afecta a la economía formal que emplea a 2,2 millones de personas que representan el 40% de la población ocupada y bajo el supuesto que la economía formal del sector privado no pueda soportar el costo del incremento salarial de 267 millones de dólares según el estudio de la CEPB, el potencial de reducción de trabajadores formales sería de al menos 50.000 empleos directos, lo que equivale al 1% de la población ocupada y el 2,2% del empleo formal.
En definitiva, un incremento salarial desmedido sumado al descontrol sobre el contrabando restarán cerca de 300 mil empleos dignos a la economía formal y engrosarían las filas de trabajadores por cuenta propia, trabajadores asalariados de la informalidad sin ninguna protección de la seguridad social, y lo que es aún peor, condenará al subdesarrollo y falta de oportunidades a las nuevas generaciones que cada año aumentan la cantidad de desempleados.
