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Cooperación entre el Estado y el servicio de salud privado en situaciones de emergencia

14/5/2020 03:00

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Por: Waldo Gutiérrez Iriarte

Debo aclarar que mi vocación es de servicio público y soy partidario de que el Estado debe apoyar el desarrollo de la iniciativa privada, como modelo para generar producción y empleo y, con ello, generar el crecimiento de la economía. A su vez, el Estado obtendrá recursos por la vía de los impuestos pagados por el sector privado, con los cuales promoverá políticas sociales para favorecer a los grupos vulnerables, asegurando un mejor bienestar de la ciudadanía.

Este modelo debería funcionar de manera general independientemente del gobierno de turno; pero existen situaciones de emergencia que hacen que el Estado tenga que intervenir más en la economía y la sociedad, reduciendo y limitando el campo de acción de la iniciativa privada.

El tema actual es el referido a la situación de la salud originada por la pandemia del COVID19. Por todos es conocido nuestro magro sistema de salud producto de los 14 años de despilfarro del anterior gobierno, que fue develado ante la situación actual. También son conocidos los esfuerzos del actual gobierno por tratar de fortalecer dicho sistema de salud, pero se enfrenta a una estructura anterior que bloquea esos esfuerzos, a las disponibilidades de equipos e insumos a nivel internacional y también a sus propios errores de gestión.

Ante este panorama, la población se encuentra con miedo de que esta pandemia afecte su salud y su vida, por lo que como alternativa en algunos casos recurren al tratamiento en los centros de salud del sector privado, que han hecho algún esfuerzo por tratar de habilitar espacios para atender pacientes con ésta enfermedad.

Sin embargo existe mucha queja de la población por los altos costos que estaría cobrando el sector privado. Si bien es aceptable que el sector privado tenga que recuperar su inversión, no es aceptable que un servicio de ésta naturaleza sea prohibitivo para la gran mayoría de la población.

Aquí es donde entra en acción el Estado, para regular precios y en algunos casos hacerse cargo del servicio en tu integridad. Existen países como Francia, Irlanda y otros que han nacionalizado temporalmente los centros de salud privados, incorporándolos a la red de servicios de salud pública.

En el caso de Bolivia se necesita que el Estado apoye a la iniciativa privada reduciendo sus costos, para que de esta forma el beneficiado final sea el ciudadano, mediante  las siguientes medidas:

  1. Realizar un estudio para determinar el costo unitario de atención de pacientes Covid-19 según diferentes cuadros de situación. Dentro de los costos se debe incluir un margen de utilidad para el sector privado que cubra el riesgo pero que tenga un sentido social ante la pandemia.
  2. Con base a la estructura de costos anterior, el Estado deberá cubrir parte de esos costos mediante: a) otorgando incentivos tributarios al sector privado, como por el ejemplo la reducción del impuesto a la propiedad de inmuebles y vehículos (ambulancias), reducción del IVA, IT e IUE; b) subvención directa a los centros privados por cada paciente COVID19 atendido.

De esta forma el costo reducido del servicio de salud en el sector privado será asumido por los tres actores: sector privado (al reducir su margen de utilidad), Estado (al cubrir parte de los costos del servicio) y ciudadano (al cubrir otra parte de los costos del servicio). ¡En situaciones de crisis, todos deben cooperar!

La propuesta debe asegurar una coordinación entre gobierno y sector privado para que las clínicas privadas reciban pacientes referidos por el gobierno considerando la urgencia de los casos, al margen delos pacientes que recibirían los privados con base a sus seguros particulares.

De esta forma es importante generar una cultura de cooperación entre Estado y sector privado sin afectar la inversión de este último, pero asegurando que el servicio de salud sea accesible todos, independientemente de quién lo preste.

Conocedores que todo esto tiene un costo para el Estado, los recursos deben provenir de las donaciones y créditos recibidos, así como de una reducción del presupuesto público en gastos que no son prioritarios, mucho menos en la coyuntura actual.

¡El mejor recurso invertido por el Estado, es el que le llega a la población!

Waldo Gutiérrez Iriarte

Ex Ministro de Hacienda, servicio público de carrera.