Opinión

Corresponde aclarar

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3 de mayo de 2018, 4:00 AM
3 de mayo de 2018, 4:00 AM

Ante una publicación efectuada en fecha 26 de abril de 2018, en ése prestigioso órgano de prensa, bajo el Título de: Opinión – Álvaro Puente. ¿Servidores públicos o torturadores públicos? Corresponde aclarar:

Que,  el autor del artículo  en forma absolutamente discriminatoria contra los servidores públicos, formula acusaciones que atentan contra la dignidad de un importante sector económico de la población boliviana, entre quienes se encuentran  autoridades de los órganos del Estado y honestos servidores públicos, cuyos derechos se hallan reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en sus Art. 232 al 240.

De la misma manera que el autor denigra a jueces, médicos y enfermeras, se estrella contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), institución pública, desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con personería jurídica, con autonomía de gestión, técnica, legal y administrativa, cuyas  atribuciones son calificar las rentas en curso de adquisición del Sistema de Reparto; resolver sobre el derecho a renta de los derechohabientes de rentistas titulares del sistema; efectuar la recuperación de aportes devengados de las ex entidades gestoras, por  la vía administrativa, y tramitar el cobro coactivo social; gestionar el pago de rentas del sistema de reparto y procesar y emitir la Certificación de la Compensación de Cotizaciones.

Desconoce el autor de la nota que por Ley de Pensiones Nº 1732, promulgada el 29 de noviembre de 1996, se ha  liquidado el Sistema de Seguridad Social Boliviano y que el actual Servicio Nacional del sistema de Reparto –Senasir- es el órgano que debe calificar y otorgar las rentas  básica y complementaria del Sistema de Reparto. El Estado a través del Tesoro General de la Nación se ha hecho cargo del pago de rentas de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales del Sistema de Reparto. Han habido problemas de traspaso y entrega de documentación, falta de infraestructura adecuada, problemas que ha ocasionado el ‘corte’, sobre todo en los requisitos de edad, densidad de cotizaciones,  certificación de aportes, falta de normativa adecuada para atender los requerimientos de los asegurados; que a la fecha han sido totalmente superados.

Actualmente, todo el sistema ha sido computarizado, el pago de rentas ha sido bancarizado, tenemos abono automático a las cuentas de los rentistas, pagos por impedimento, por hospitalización, pago biometrizado y pago sistematizado, pago a domicilio a impedidos y mayores de 80 años, ya no existen las colas a las que hace referencia el autor y de eso son testigos los propios rentistas y la población boliviana.

Es evidente que para el cobro de rentas por intermedio de apoderados,  los asegurados deben cumplir ciertos requisitos, que la banca también exige. El Certificado de Vivencia debe ser presentado en forma trimestral; sin embargo, en la presente gestión, ha sido suficiente el Poder por el primer trimestre, solo se debe presentar la vivencia desde el segundo trimestre. Para facilitar el trámite de este documento, las Vivencias son digitales: el rentista se presenta al consulado del Estado en que reside, para realizar la Vivencia, el cónsul manda por correo electrónico (PDF) al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bolivia, la Dirección de Asuntos Consulares recibe el correo, lo imprime y lo legaliza en 48 horas  para presentar al Senasir. 

El señor  Puente Calero Luis Álvaro es rentista del Sistema de Reparto, radica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y tiene su apoderada la señora Querejazu Carmen de Villegas.

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