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Corrupción e impunidad son dos palabras que describen este sucio momento de la política. La trama de los ítems fantasma explotó en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, pero rápidamente salpicó a otras instituciones del Estado que trabajan con dinero público, ese que los bolivianos confían en sus autoridades y que ahora se ve que tiene mal manejo en muchas entidades, tanto así que más que hechos aislados parecen un mecanismo aplicado por burócratas con maestría en la materia.

La trama es solo el principio y saltó en Santa Cruz, pero pudo haber saltado en otras regiones, porque la corrupción sí está institucionalizada en el país, a diferencia de tantas entidades que deberían tener un manejo responsable, precisamente para controlar a los poderosos.

Detrás del manejo de la cosa pública hay un esquema de corrupción. En el caso de Santa Cruz de la Sierra se usaron los ítems como moneda de cambio, ya no se sabe si son 800 o son miles los que se intercambiaban en los pactos políticos a cambio de favores, de respaldos o de silencio y no fiscalización.

Pero también hay denuncias de extorsión a comerciantes y de “trabajo” con algunos locales nocturnos, entre otros hechos irregulares. Solo así se podría explicar, por ejemplo, que, pese a las restricciones sanitarias, hay bares que no respetan el aforo ni los horarios de funcionamiento.

El tema surgió de una pelea familiar, un escándalo particular que terminó desnudando la trama corrupta más grande de la historia de Santa Cruz. Tuvo que ser así, porque nadie investiga: el Concejo estaba silenciado (uno de los acusados dijo que el expresidente, en la gestión de Angélica Sosa, recibió un vehículo de regalo; de otros concejales se sabe que buscaban al exjefe de recursos humanos para darle listas y buscar pegas, en fin; el comité de vigilancia no vigilaba nada, sus miembros son señalados de recibir sueldo sin trabajar; la Contraloría no existe, salvo para ejercer presión política funcional al MAS.

En las indagaciones saltaron los acuerdos políticos a base de pegas debido a que no hay institucionalización de los cargos, porque las designaciones no tienen que ver con méritos profesionales o técnicos sino con servilismo político.

¿Quién puede tirar la primera piedra? Jhonny Fernández ha sido mencionado por la misma exalcaldesa Angélica Sosa, quien reveló que el actual alcalde tenía un acuerdo político con Percy Fernández a cambio de pegas. Los concejales del MAS de la pasada gestión no fiscalizaron, al contrario, avalaron y apoyaron. ¿Lo hicieron a cambio de nada? ¿Y el apoyo de Angélica Sosa y Percy Fernández a Evo Morales fue gratuito y por convicción? Hacen falta muchas explicaciones. También se ha mencionado a diputados de Creemos, que supuestamente recibieron ítems para contratar gente que haga campaña a su favor. Ya no alcanza con un desmentido, ahora todo está bajo sospecha, porque la clase política está bajo una sombra de dudas, mientras la que define su suerte es una justicia manchada y manoseada.

Mientras el poder partidario se beneficiaba en las sombras con millones de bolivianos, había gente muriendo por falta de medicamentos, de atención de suficientes médicos y enfermeras; personal de salud usando trajes de bioseguridad de papel, dizqué porque no había dinero para dotarles de verdadera ropa de trabajo que los proteja del covid. ¿Cuántos murieron?
El pueblo fue asumido como un tonto útil: solo para dar el voto, porque después no importaron sus intereses.

Este debe ser un punto de inflexión. Se necesita una revolución de la conducta y es urgente que haya un alto a tanta impunidad. Nadie parece salvarse. El escándalo comenzó en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, pero su alcance es insospechado y ya llega entidades que dependen del Gobierno nacional y departamental. Nadie puede tirar la primera piedra.

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