Por Oscar Cuentas Sandy, economista
En las últimas semanas, la opinión pública y el debate mediático se han obsesionado con una tarea tan espectacular como inútil: intentar cuantificar, hasta el último centavo, las pérdidas económicas acumuladas por más de un mes de bloqueos en el país. Portadas y pantallas se llenan de estimaciones millonarias. Sin embargo, como economistas, es nuestro deber poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad: ese cálculo, a nivel nacional, simplemente no existe.
Una tienda de barrio, un restaurante, un hotel o un supermercado pueden revisar sus libros contables, comparar sus ingresos actuales con el promedio histórico y estimar cuánto dinero dejó de ingresar a su caja hoy. Pero la suma de esas realidades individuales no refleja el verdadero agujero negro económico que se está gestando. El daño real no es estático ni se queda en el presente; es intertemporal. Los costos más severos de esta parálisis no los estamos pagando en los días de bloqueo, los pagaremos en los meses y años por venir.
1. La destrucción de la confianza externa
El primer costo invisible es la reputación internacional. Ver que un país puede permanecer más de 30 días absolutamente bloqueado, con rutas troncales cortadas y desabastecimiento crónico de alimentos sin que el Estado restablezca el orden, destruye cualquier intento de proyectar estabilidad.
El impacto intertemporal se sentirá cuando los turistas extranjeros borren a Bolivia de sus itinerarios para la próxima temporada, o cuando los compradores internacionales de nuestros productos busquen proveedores más confiables en la región. La confianza toma años en construirse y apenas unas semanas de asfalto cerrado para desaparecer.
2. El replanteamiento del empresariado local
A nivel interno, el costo se mide en la psicología del inversor. El empresario boliviano, desde el gran industrial hasta el mediano productor agrícola, está haciendo números en silencio. Tras ver cómo las ganancias de todo un año de trabajo se esfuman en 30 días debido a la incapacidad logística de mover sus productos, la pregunta inevitable es: ¿Vale la pena seguir invirtiendo aquí?
Cuando el capital privado decide no expandirse, no renovar maquinaria o, peor aún, migrar a mercados más seguros, lo que se pierde es el empleo futuro y la capacidad productiva del país. Eso no sale en el reporte de pérdidas de la semana, pero lacera el crecimiento a largo plazo.
3. El costo de la inacción política: El mayor peligro
Sin duda alguna, el costo económico más devastador de este conflicto radica en el miedo que inocula en las esferas del poder. El verdadero peligro es que el Gobierno, ante el temor de una nueva reacción violenta de los sectores sociales, decida postergar indefinidamente las reformas estructurales que el país grita por tener.
El costo real de este bloqueo será ver a un Estado paralizado, que por cálculo político prefiera:
--No sincerar los precios de los combustibles.
--Mantener distorsionadas las tasas de interés del sistema financiero.
--Evitar la urgente reducción del aparato estatal mediante el cierre o privatización de empresas públicas deficitarias.
Evitar el costo político hoy significa multiplicar el costo económico mañana. Cada día que el Gobierno posterga el ajuste por miedo a las carreteras, el país se desangra fiscalmente.
Por lo tanto, dejemos de buscar una cifra mágica para resumir el desastre. El daño que estamos viviendo hoy no se agota cuando las carreteras se habiliten. Su onda expansiva se sentirá con fuerza en los meses venideros a través de una inflación más persistente, menor generación de empleo formal y una economía cada vez más achicada. Al final del día, como siempre ocurre en la historia económica de Bolivia, el costo real de la incapacidad política y la intolerancia social no lo pagarán las estadísticas; lo pagaremos los ciudadanos de a pie.