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Dos internos del penal de Palmasola han muerto en las últimas horas. Ambos tenían problemas respiratorios y se les ha hecho la prueba clínica después de los decesos para verificar si la causa fue el Covid-19. La noticia es altamente preocupante por el grado de hacinamiento y miseria que hay en la cárcel más grande y, en general, en todos los centros de reclusión.

En Bolivia se calcula que hay más de 18.000 privados de libertad. Solo en Palmasola hay un tercio de ese total y las condiciones de vida son deplorables para la mayoría. Sobre todo, los reclusos de menos ingresos conviven en total hacinamiento y desnutrición. El mundo dentro del penal es desconocido para todos. Hasta el momento, las autoridades señalaron que los internos habían decidido el autoaislamiento, pero un reportaje publicado por EL DEBER mostraba que, si bien no ingresaban visitas, sí se metía todo tipo de paquetes a la cárcel: cigarros, comida, bebida, etc.

Si el virus Covid-19 se mete en la cárcel va a causar estragos. Gran parte de los internos no tiene un barbijo, ni alcohol ni siquiera espacio para mantener distancia social con otros en el mismo recinto. La posta de salud del penal siempre tuvo carencias y seguramente ahora no es la excepción.

Desde el año 2013 hubo una serie de sucesos violentos que desnudaron la realidad de este penal, el más grande de Bolivia y también uno de los más hacinados. Desde entonces se sabe que no es sostenible mantenerlo de esa manera, pero nada se ha hecho para cambiar esa realidad. No sabemos a qué se debe tanta inacción.

El 4 de mayo fue aprobado un decreto presidencial de indulto y amnistía que debe beneficiar a personas mayores de 58 años, a quienes tengan enfermedades crónicas o terminales, los que padezcan de discapacidad, a mujeres embarazadas o con bebés lactantes y a padres o madres que tengan bajo su única tutela a menores de seis años. Sin duda, esta caracterización incluye a una gran población de privados de libertad a escala nacional.

La norma establece requisitos, muchos de los cuales no es posible gestionarlos desde el penal y que, al encargarse, pueden ser muy costosos para gente que no cuenta con recursos económicos.
Se sabe que las autoridades penitenciarias anunciaron la socialización de la norma en los penales, pero si se comprueba que los dos hombres fallecidos en los últimos días tenían coronavirus, las horas se hacen eternas, porque el contagio puede avanzar a pasos agigantados tomando a gran parte de la población penitenciaria e incluir a familiares que viven ahí.

Las acciones no deben demorar. Hay que agilizar la aplicación del indulto y la amnistía. Defensa Pública, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y todas las entidades involucradas tienen que asumir esta tarea como una prioridad. La desinfección anunciada no servirá de nada si es que hay personas con Covid-19. Urge que personal especializado acuda a Palmasola y haga rastreo de casos (en caso de confirmarse) para el aislamiento y la prevención.

Tal tarea debe ejecutarse en todos los penales del país. Ya se ha visto que reclusos de varias cárceles de otros países se han amotinado, precisamente por las condiciones de hacinamiento y por el miedo que causa el coronavirus. No se debe esperar que ocurra lo mismo en Bolivia. Es una tarea que no admite demoras.